El regulador comienza a estudiar los recursos presentados en contra del dictamen a la operación de E.ON sobre Endesa
MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tendrá que resolver en un plazo de un mes, que finaliza el 26 de octubre, la solicitud de Acciona para hacerse con el 13,7% de Endesa, informaron a Europa Press en fuentes del organismo regulador de los mercados energéticos.
Acciona solicitó al regulador el pasado martes que estudie el expediente sobre la compra de este paquete accionarial de la eléctrica, en virtud de las nuevas competencias conferidas por el Gobierno desde el pasado 24 de febrero, que le capacita para estudiar las operaciones de adquisición de participaciones en un porcentaje superior a un 10% del capital realizadas por cualquier sujeto en una sociedad que desarrolle actividades reguladas.
En concreto, en el consejo de administración de la CNE que se celebró hoy se estudió la documentación presentada por los abogados de la empresa de construcción, de servicios y energía, aunque sólo evaluó el primer punto, donde la compañía hace referencia a la confidencialidad que debe seguir el proceso sobre los puntos de planes de inversión de la operación.
El organismo que preside María Teresa Costa tendrá que evaluar si existen riesgos significativos o efectos negativos, directos o indirectos, sobre las actividades que impliquen una relación de sujeción especial.
Igualmente, la CNE podrá denegar la autorización amparándose en la "protección del interés general en el sector energético definido por el Gobierno, y en particular, la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de política sectorial, con especial afección a activos considerados estratégicos".
ESTUDIO DE LOS CINCO RECURSOS DE ALZADA.
Asimismo, los nuevo consejeros estudiaron de forma preliminar los cinco recursos presentados en contra de la resolución del regulador de aprobar con diecinueve condiciones la OPA de E.ON sobre Endesa, aunque las próximas conversaciones o, en su caso, el acuerdo definitivo se aplaza al próximo consejo de administración que se celebrará la próxima semana.
En concreto, la CNE estudia los recursos presentados ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por E.ON, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Energéticas, para elaborar el informe que le reclamó Industria el pasado 20 de septiembre, donde el regulador explique las alegaciones presentadas en relación con las condiciones impuestas al grupo alemán para hacerse con el control de Endesa.
En la reunión del consejo, que se prolongó durante algo más de cinco horas, se analizaron exhaustivamente los diversos documentos elaborados por los servicios técnicos sobre los recursos contra el dictamen de la CNE.
Las mismas fuentes indicaron que el consejo está dando la misma prioridad a todos los recursos y se están estudiando de forma conjunta, con el fin de aunar posturas comunes sobre la resolución de la CNE del pasado 27 de julio.
La CNE estableció, entre otras condiciones, que E.ON deberá vender la central nuclear de Ascó I, ceder la gestión de las centrales nucleares en las que participa, deshacerse de los activos de generación y distribución eléctrica en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y enajenar las centrales incluidas en el Plan del Carbón 2006-2012.
En su recurso de alzada, E.ON pide que se eliminen las condiciones relativas a la venta de activos y la que fija la revocación de la autorización si el grupo alemán incumple una sola de las condiciones, mientras que el de Endesa se centra en desmontar las condiciones que implican el "troceamiento" de la empresa y las desinversiones en activos.
Por su parte, Gas Natural rechaza la autorización de la operación, al considerar que E.ON supone un riesgo para el abastecimiento, para las actividades reguladas y para la plantilla, e Iberdrola pide que se anule la operación y, con caracter subsidiario, que se obligue a E.ON a vender las nucleares de Endesa.
De esta manera, los nueve consejeros de la CNE tienen ante sí la difícil tarea de adaptar su dictamen a las exigencias comunitarias, ya que la Comisión Europea declaró el pasado martes ilegales las condiciones impuestas por el regulador a E.ON y exigió al Gobierno que retire las condiciones. La decisión es vinculante y puede ser invocada por E.ON ante un tribunal nacional o una autoridad pública en España.
Además, Bruselas dio un ultimátum de dos meses al Gobierno para que modifique el decreto de febrero de 2006 que amplía los poderes de la CNE. En caso contrario, presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS.
Por su parte, fuentes de Industria explicaron a Europa Press que la resolución de los recursos se hará esperar y se conocerá en los primeros días del próximo mes de octubre, como consecuencia de la complejidad que conlleva estudiar cada recurso por separado, atendiendo todas las alegaciones presentadas.
Las mismas fuentes resaltaron la dificultad que presenta el proceso de resolver los cinco recursos, ya que cada uno presenta sus respectivas acusaciones contra condiciones diferentes, y algunos de los recurrentes consideran el dictamen demasiado estricto, mientras que otros creen que la operación ha sido aprobada con condiciones muy poco relevantes.
No obstante, el Ejecutivo ya ha dejado el claro que no se agotará el plazo de tres meses con que cuenta el Ministerio de Industria para resolver estas alegaciones.
