El Ejecutivo retirará algunas condiciones que implican desinversiones en activos de Endesa
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español presentará previsiblemente esta semana su respuesta a la carta de emplazamiento que le remitió la Comisión Europea como primer paso de un procedimiento de infracción por no haber levantado las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a E.ON para hacerse con el control de Endesa, que fueron consideradas ilegales por Bruselas, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del expediente.
En esta respuesta, que se presentará a finales de esta semana, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero retirará, según las mismas fuentes, algunas condiciones impuestas por el regulador relativas a desinversiones en activos de Endesa.
De momento no ha trascendido si la rebaja de las condiciones afectará a la obligación de E.ON de enajenar la central de Ascó I o de traspasar la gestión de los activos nucleares, después de que esta condición haya sido cuestionada por varios agentes personados en el proceso y también en el ámbito político.
En opinión de esta masa crítica, carece de fundamento que se impida gestionar a un operador extranjero estos activos por su caracter estratégico y, en cambio, se permita participar en la puja por los mismos a agentes de esta misma índole.
El Gobierno intentará buscar una solución "equilibrada" en esta resolución atendiendo a los requerimientos de Bruselas, así como a cada una de las alegaciones presentadas, sin olvidar la situación de España como "isla energética".
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, anunció el pasado jueves que el Gobierno retirará "algunas" de las condiciones impuestas a E.ON para autorizar su entrada en Endesa. Solbes sólo indicó que se retirarán "algunas sí y otras no", y no quiso concretar cuántas de las 19 condiciones impuestas por la CNE se mantendrán en vigor.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elabora esta respuesta a Bruselas en paralelo a la resolución de cinco recursos presentados contra la decisión del regulador, para lo que el Ministerio cuenta con un plazo que vence el 10 de noviembre.
Esta resolución está precedida por la misiva enviada el pasado jueves, donde el Gobierno se remite a la contestación del pasado 13 de septiembre, que justificaba cada una de las condiciones atendiendo a la garantía de la seguridad y calidad del suministro energético.
De esta manera, el Ejecutivo cumplía el plazo 'express' otorgado por la Comisión para responder sobre el dictamen del regulador, después de que el pasado 18 de octubre concediera un plazo de cinco días hábiles para presentar una contestación. Aunque el Gobierno no envió a Bruselas una resolución definitiva sobre la tramitación de la OPA alemana, sí que notificó su intención de hacerlo "en los próximos días".
La forma de actuar de España en la tramitación de la OPA de E.ON, ha crispado los ánimos en los entornos políticos europeos. En concreto, el ministro alemán de Economía, Michael Glos, ha acusado al Gobierno español de "utilizar todos los trucos posibles para evitar que un consorcio energético alemán pueda asentarse en el país".
En relación a este asunto, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, negó estas acusaciones y afirmó que el Ejecutivo español lo está "haciendo todo correctamente" en el proceso de OPAs acaecidas sobre la primera eléctrica de España.
UN POLEMICO DICTAMEN.
El pasado 27 de julio la CNE estableció, entre otras condiciones, que E.ON deberá vender la central nuclear de Ascó I, ceder la gestión de las centrales nucleares en las que participa, deshacerse de los activos de generación y distribución eléctrica en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y enajenar las centrales incluidas en el Plan del Carbón 2006-2012.
Contre esta decisión se presentaron cinco recursos de alzada ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que fueron formulados por E.ON, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y la Asociación de Accionistas de Empresas Energéticas.
En su recurso de alzada, E.ON pide que se eliminen las condiciones relativas a la venta de activos y la que fija la revocación de la autorización si el grupo alemán incumple una sola de las condiciones, mientras que el de Endesa se centra en desmontar las condiciones que implican el "troceamiento" de la empresa y las desinversiones en activos.
Por su parte, Gas Natural rechaza la autorización de la operación, al considerar que E.ON supone un riesgo para el abastecimiento, para las actividades reguladas y para la plantilla, e Iberdrola pide que se anule la operación y, con caracter subsidiario, que se obligue a E.ON a vender las nucleares de Endesa.
El pasado 3 de octubre, el regulador de los mercados energéticos se ratificó en su decisión del pasado 27 de julio de aprobar con diecinueve condiciones la OPA de E.ON sobre Endesa, dejando en manos de Industria la resolución de este asunto, quien ahora tiene la dificil tarea de no dejar por los suelos la labor del ex ministro José Montilla y la gestión del Gobierno en general en este proceso.
Fuentes de Industria explicaron a Europa Press que el Gobierno español intentará negociar y mantener un vía de diálogo con la Comisión Europea sobre el dictamen de la CNE, aunque no descarta acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo
En concreto, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está estudiando la acción a seguir, aunque su voluntad es aproximar "en lo posible, las dos opiniones, y en aquello donde no sea posible llegar a un consenso será trasladado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea".
