CIDE podría recurrir ante Bruselas si el bono acaba minando su capacidad para competir con los grandes grupos
MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
La patronal de las pequeñas distribuidoras eléctricas, CIDE, denuncia que el Ministerio de Industria le ha dejado "fuera del partido" al negociar con las grandes compañías la nueva regulación y al lanzar un bono social que sus asociadas no podrán ofrecer a sus clientes.
Esta circunstancia, señaló a Europa Press el presidente de CIDE, Gerardo Cuerva, podría suponer un caso de "competencia desleal" que les hará perder clientes y que podría "poner en peligro" al 30% de las pequeñas eléctricas. CIDE agrupa a 225 distribuidoras con 550.000 clientes, casi tantos como HC Energía.
La nueva Tarifa de Último Recurso (TUR), que entrará en funcionamiento en julio, sólo podrá ser suministrada por cinco grandes comercializadoras designadas por Industria, mientras que las pequeñas distribuidoras, algunas de ellas centenarias, tendrán que ejercer de comercializadoras en el mercado libre y competir con el resto.
Uno de los primeros problemas de este modelo para CIDE, explicó Cuerva, se producirá cuando en julio las pequeñas eléctricas deban batallar por mantener a sus antiguos clientes, que podrían decantarse por acogerse a una TUR con un precio fijado por el Gobierno e irse a una de las cinco grandes comercializadoras.
Las pequeñas eléctricas confiarían en poder sortear este primer obstáculo si no fuera porque habrá clientes que, por pertenecer a colectivos como familias numerosas, pensiones mínimas o familias con todos los miembros en paro, optarán por la TUR para poder beneficiarse del bono social. En cambio, los clientes que estén en el mercado con las pequeñas eléctricas no podrán recurrir al bono social.
A la espera de que Industria defina con claridad el bono social, Cuerva piensa que esta fórmula hará imposible a las empresas de CIDE competir con los suministradores de la TUR y podría causar un daño irreparable para un modelo de empresa con gran tradición en España y mucha presencia en el mundo rural.
Por este motivo, considera conveniente que los próximos desarrollos normativos hagan una "discriminación positiva" con estas empresas y les permitan ofrecer el bono social a sus clientes, o contemplen alguna otra fórmula que no ponga en riesgo su supervivencia. "Mientras, llega la fecha de la liberalización y no sabemos a qué atenernos", lamentó Cuervas.
DENUNCIA EN BRUSELAS.
CIDE dice que por el momento no ha tomado medidas contra el bono social, pero, si se demuestra que daña su capacidad para competir y ejerce un efecto similar al del subsidio a las grandes eléctricas, podría presentar un recurso en Bruselas.
Las pequeñas eléctricas recuerdan su "contribución social" al desarrollo de varias regiones españolas y denuncian haber estado históricamente "infrarretribuidas", ya que, en contra de lo que ocurre con las grandes, a ellas no se les incentiva la inversión.
Además, CIDE asegura que los miembros del Consejo Consultivo de la Electricidad de la CNE les han mostrado su apoyo y advierte de que el cierre de estas empresas podría comprometer miles de empleos.
EL MERCADO IRÁ A LA TUR.
Para CIDE, el sistema de tarifas reguladas en plena liberalización es por naturaleza "erróneo", ya que pondrá en competencia al mercado con la TUR y sólo conseguirá que el precio libre se parezca a la tarifa y, con ello, siga generándose déficit. Esta posición contrasta con la de las organizaciones de consumidores, que temen que sea la TUR la que vaya al mercado y se convierta en un "tarifazo".
Por otro lado, la patronal de las pequeñas distribuidoras sigue sin explicarse por qué Industria no le permite suministrar la TUR, cuando sus índices de calidad TIEPI, que mide el tiempo de interrupción del servicio, son mejores que los de las grandes eléctricas.
