MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino consideró hoy que la medida adoptada por la Comisión Europea de cerrar anticipadamente la pesquería de atún rojo en el Mediterráneo resulta "injusta, desproporcionada e inadmisible" para los seis barcos de la flota de cerco española, que, según aseguró, sólo han utilizado el 28,8% de su cuota disponible.
Por este motivo, el departamento de Elena Espinosa está estudiando las posibles acciones legales que pueda adoptar contra la "medida arbitraria adoptada unilateralmente por la Comisión", entre las que no excluyó un posible recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En un comunicado, el Ministerio subrayó que Bruselas ha dispuesto diariamente de la información relativa a la actividad pesquera de estos buques y conoce sus capturas, con lo que "debe saber también que la medida adoptada no está en consonancia con la actividad realizada en la presente campaña".
En concreto, los seis buques españoles de cerco del Mediterráneo han capturado 432 toneladas de atún rojo, cuando disponen de un total de 1.524 toneladas para la presente campaña, a las que se suman 250 toneladas adicionales que España ha conseguido a través de intercambios con otros Estados miembros.
"A ello habría que añadir otras 49 toneladas que la propia Comisión ha cedido a España como compensación por haber cerrado anticipadamente esta pesquería el año pasado", recalcó el Ministerio.
El Gobierno considera que la Comisión ha hecho uso de datos erróneos, por lo que Espinosa se ha dirigido por escrito al comisario de Asuntos Marítimos y Pesca, Joe Börg, rechazando de forma "contundente" las medidas, por considerar que "son infundadas y causarán un serio perjuicio injustificado a los intereses pesqueros españoles, con la agravante de que, además, no existe la amenaza que ésta señala en su exposición de motivos".
Por otra parte, dado que está prevista la celebración del Consejo de Ministros de Pesca de la UE los próximos 23 y 24 de junio, la ministra también ha mostrado su intención de intervenir para transmitir al resto de Estados miembros y a la Comisión su malestar por "la actuación unilateral adoptada por Bruselas, que daña claramente los intereses sociales, políticos y económicos de sector pesquero español de cerco del Mediterráneo de forma injustificada".
El Gobierno insistió en que la Comisión ha hecho uso de datos erróneos y ha adoptado una medida que "no se ajusta a la realidad y tampoco tiene en cuenta el despliegue de medios humanos y materiales que se han puesto en marcha por parte de la Administración española para cumplir con todo rigor con la normativa comunitaria a este respecto".
