Considera "urgente" impulsar una reforma global del sistema tributario
MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones empresariales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Promarca, Aecoc, Anged, Aces, Asedas, CEC, Fehr y Fehrcarem), que juntas representan más del 20% del PIB nacional, han rechazado la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Europa de subir el IVA, según han informado en un comunicado.
El sector del consumo además apoya la manifestada intención del Gobierno de no subir el IVA ni reclasificar los productos con un impuesto reducido pasándolos a gravar de un 10% a un 21%.
Las asociaciones indican que continúa siendo necesario instar a los organismos internacionales a que tengan en consideración los esfuerzos y ajustes que la sociedad española ya ha asumido, así como la realidad económica del país y del empresariado para evitar una posible reforma fiscal que ponga en riesgo la competitividad y estabilidad del sector y por ende el conjunto de la economía nacional.
El sector del consumo cree que aunque las muestras de recuperación económica siguen siendo tímidas, las organizaciones internacionales no son conscientes de las reformas que se han llevado a cabo en España,m ni tienen en cuenta que sus características socioeconómicas no se asemejan a las del resto de los países vecinos europeos, "lo que impide asumir nuevas medidas impositivas".
ADVIERTEN DEL IMPACTO SOBRE EL CONSUMO
Respecto a la reforma fiscal, las organizaciones han advertido en reiteradas ocasiones de que una reforma que se articule en base a incrementos fiscalidad indirecta tendría un efecto devastador no sólo en los sectores representados, sino en la recuperación económica general, ya que un parón en el consumo podría arrastrar en cadena al resto de variables macroeconómicas.
De hecho, recuerdan que una reclasificación del IVA del 10% al 21% podría reducir un 9,3% la renta disponible de los hogares, lo que equivale a una pérdida de 60.000 millones de euros.
Las organizaciones empresariales insisten en que los productos gravados al 10% suponen más del 64% del total del gasto, y entre ellos se incluyen productos básicos de cesta de la compra.
De aplicarse el cambio de un IVA reducido al 21%, el consumidor podría enfrentarse a un gasto anual adicional estimado entre los 600 euros y 800 euros, un aumento que pondría en peligro la estabilidad del binomio consumo-turismo que tan importante es para el conjunto de la economía española.
Por eso, el sector considera "urgente" impulsar una reforma global del sistema tributario, puesto que se trata de una medida realmente necesaria y evitaría la reclasificación que no sólo no estimularía el consumo, sino que lo coartaría de forma clara.
También solicitan medidas para garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal que, según distintos estudios comparativos, representa entre el 18,6% y el 22,8% del PIB, una cifra superior a la de la mayoría de países de nuestro entorno.
Los sectores de la producción e industria agroalimentaria, que juntos generan una facturación global de 370.000 millones de euros y más de 5 millones de puestos de trabajo, reiteran que hay que "mejorar la competitividad y reducir el déficit público" para poder convertirse en los líderes de la recuperación económica.
