BRUSELAS, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea decidió hoy prohibir la financiación pública de la instalación de una conexión de banda ancha de Internet en la localidad holandesa de Appingedam al considerar que no estaba justificada y distorsionaría la competencia porque varias compañías privadas ofrecen ya el mismo servicio a precios razonables.
Se trata de la primera vez que Bruselas prohíbe una subvención estatal para la banda ancha. En casos precedentes, dio luz verde a este tipo de ayudas en Irlanda, Letonia o Grecia, pero iban destinadas a regiones rurales o retrasadas donde las conexiones a Internet de alta velocidad no estaban disponibles o lo estaban a un nivel inferior al de las ciudades.
La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, dijo al respecto que "el apoyo público para la instalación de banda ancha debe destinarse a beneficiar a aquellas regiones donde el acceso rápido a Internet no existe todavía".
El Ejecutivo comunitario subraya que la participación del ente público en este proyecto no serviría para fomentar la cohesión entre las regiones, ya que la cobertura de esta zona es similar a la de otras partes de los Países Bajos, que por otra parte cuenta con una de las redes más avanzadas de Europa. Además, la Comisión considera que una intromisión pública en el mercado en esta ocasión provocaría una distorsión de la competición y que perjudicaría a la inversión privada.
Como la construcción de la red no ha comenzado todavía y la concesión de estas subvenciones públicas no ha llegado a ser autorizada, la empresa adjudicataria del proyecto no deberá devolver ninguna ayuda al municipio holandés.
El ayuntamiento de Appingedam pretendía subvencionar una parte del proyecto de desarrollo de la red de banda ancha en la ciudad, cuando a finales de 2004 otro operador de cable lo denunció en el juzgado local. Cuando las autoridades de los Países Bajos notificaron la medida a la Comisión Europea en la primavera de 2005 con la intención de conseguir su aprobación, la Comisión comenzó una investigación en profundidad. Tras comprobar la presencia de ayudas públicas en la financiación, la Comisión examinó si existían motivos suficientemente justificados para ello, fallando ahora en contra de esta ayuda pública.
