Advierte de que no está garantizado el traslado del descenso al consumidor y propone un recorte "más pronunciado" en un año
MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Inmaculada López Martínez ha presentado un voto particular a las tres resoluciones por las que el regulador fija los precios de interconexión de terminación en las redes de Movistar, Vodafone y Orange durante los próximos 3 años, con el objetivo de expresar su postura "en contra" de la decisión del organismo.
En concreto, Inmaculada López, consejera nombrada a propuesta del PSOE, estima que la CMT debería fijar los precios de interconexión para un único año, si bien con una bajada "más pronunciada" que en años anteriores, para adelantar en lo posible la reducción de "la distorsión" entre las redes fijas y móviles. Su planteamiento coincide, según subraya, con lo expuesto por la cableoperadora ONO.
En su voto particular recogido por Europa Press estima también que las resoluciones de la CMT "eluden" y no analizan "en profundidad" la no traslación de las bajadas de los precios mayoristas de terminación a los precios 'retail' de las llamadas fijo-móvil desde 2003 hasta la actualidad, ni sus "implicaciones para la política regulatoria".
"Si no se garantiza que los operadores fijos, incluyendo en particular a Telefónica, trasladarán a los consumidores de llamadas fijo-móvil una buena parte de los descensos en los precios de terminación, se verá reducida la eficacia de la reducción, a través de decisión regulatoria, de los precios mayoristas", advierte, antes de recordar que en el caso de Francia, France Telecom está obligada a repercutir el 100% de las bajadas de los precios de terminación de las llamadas fijo-móvil de los consumidores elegibles del servicio universal.
SIN 'NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA'.
Respecto a esa menor "eficacia", Inmaculada López explica que las resoluciones de la CMT pueden no conseguir "uno de sus principales objetivos, el de eliminar la distorsión que supone la subvención de los consumidores de llamadas fijo-móvil a los consumidores de llamadas salientes de móvil, favoreciéndose ineficientemente la expansión de las redes móviles en detrimento de las fijas, en contra del principio de neutralidad tecnológica".
Por otro lado, Inmaculada López apuesta además por mantener la asimetría en los precios de terminación, decidiendo sobre su eliminación cuando la CMT cuente con información "más precisa" sobre la contabilidad de costes de los operadores. El regulador defiende en cambio la necesidad de que las tarifas de interconexión de las tres operadoras sean idénticas en un plazo de tres años.
"Con la información disponible no parece que sea posible distinguir en qué medida las diferencias de costes que se perciben entre los operadores se explican por la distinta disponibilidad de frecuencias 900/1800, por las diferentes economías de escala o por el distinto grado de eficiencia de cada compañía", explica.
El órgano de dirección de la CMT, que toma sus decisiones por mayoría simple, está formado por nueve miembros (el presidente Reinaldo Rodríguez, el vicepresidente Marcel Coderch y otros siete consejeros), elegidos en mandatos de seis años de duración y renovables en tan sólo una ocasión.
Inmaculada López Martínez fue nombrada consejera a propuesta del PSOE el pasado mes de diciembre, cuando el organismo tuvo que abordar la sustitución de Luis Bermúdez (PP) e Ignacio Miguel Fernández (IU), respectivamente. Angel García también fue nombrado entonces miembro del órgano de dirección del regulador, a propuesta de IU.
López es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y cursó el Masters of Arts en Economía en la Universidad de Pensilvania. Fue jefa de servicio y consejero técnico en el gabinete del secretario de Estado de Hacienda entre 1988 y 1991.
Posteriormente, ocupó hasta 1996 el cargo de jefa de la asesoría económica del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. En esta etapa también fue miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Concesionaria de Autopistas Astur-Leonesa (AUCALSA) y de los Entes Públicos Puertos del Estado y Retevisión.
Entre 1996 y 2002 fue jefa de la asesoría económica del Ministerio de Fomento y de 2002 a 2005 ha sido consejero económico y comercial de la representación permanente de España ante la OCDE y miembro del Comité de Examen de las economías de los países de la OCDE representando a España.
