BRUSELAS, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
España defenderá que las restricciones a la importación de calzado desde China que propuso el mes pasado la Comisión Europea afecten también a los zapatos infantiles y deportivos de alta tecnología durante la reunión del jueves, 9 de marzo, en la que los Estados miembros serán informados sobre las medidas antidumping que propuso Bruselas contra las importaciones chinas y vietnamitas.
Fuentes diplomáticas españolas indicaron que se espera que la propuesta de la Comisión Europea sea "suficiente" para compensar los efectos que tiene sobre la industria europea el calzado que entra en la UE con costes menores a la producción y producidos bajo subvenciones estatales.
Éstas son dos de las conclusiones de la investigación que realizó en los últimos meses el Ejecutivo comunitario sobre el calzado de China y Vietnam. Como consecuencia, el comisario de Comercio, Peter Mandelson, anunció el pasado 23 de febrero la puesta en marcha de sanciones provisionales, consistentes en la imposición de un arancel gradual a las importaciones.
La medida estaría en vigor de abril a septiembre y consistiría en la imposición de una tarifa a la importación de calzado de China durante un periodo progresivo de cinco meses, hasta llegar a la cifra final de 19,4% . En el caso de Vietnam, las importaciones se gravarán con un arancel del 16,8% al final del periodo de cinco meses.
Las fuentes españolas se refirieron hoy a los elementos a los que aludió el ministro de Industria, José Montilla, después de conocer la propuesta de Mandelson al insistir en la inclusión de medidas para zapatos infantiles y deportivos y rechazar la gradualidad en la imposición de aranceles, que deberían entrar en vigor de una vez.
La Comisión Antidumping de la Comisión Europea que se reunirá en una primera ronda el próximo jueves y está prevista una segunda vuelta el 16 de marzo, informaron fuentes comunitarias.
Por el momento, los Estados miembros simplemente serán "consultados" sobre los planes de la Comisión, debido a que se trata de medidas "provisionales" que Bruselas tiene capacidad para imponer aún sin el visto bueno de los 25, dijeron las fuentes de la Comisión.
El periodo de aplicación es de seis meses y la situación cambiaría si, concluido este plazo, la Comisión decide que las restricciones pasen a ser "permanentes", en cuyo caso sí sería necesario el acuerdo de los Estados miembros, que deberían adoptar la decisión por mayoría cualificada.
