12 de diciembre de 2019
  • Miércoles, 11 de Diciembre
  • 25 de octubre de 2016

    La Eurocámara insta a vetar en concursos públicos a las empresas corruptas

    BRUSELAS, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

    El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este martes reglas más severas contra la corrupción y el crimen organizado, incluida una 'lista negra' de empresas relacionadas con casos de corrupción para que sean vetadas en las convocatorias de contratos públicos o fondos comunitarios.

    Los eurodiputados han apostado por esta medida como una acción con posible efecto disuasorio para la delincuencia y corruptos, al tiempo que confían en que sirva de "incentivo" para reforzar los procedimientos internos y cumplir con las buenas prácticas de quienes quieren acceder a la contratación pública o a apoyos comunitarios.

    Entre las medidas posibles para lograrlo, han apuntado la creación de un sistema de contratación pública plenamente electrónico en toda la UE.

    En una resolución no vinculante votada en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados han pedido también la inhabilitación obligatoria de los condenados por blanqueo, corrupción u otros delitos graves.

    A su juicio, es necesario diseñar un plan de acción europeo para combatir el fraude y el crimen organizado, por lo que emplazan a reforzar la cooperación policial y judicial entre Estados miembros y piden a la Comisión que presente nuevas iniciativas contra la corrupción.

    También han abogado por contar con una unidad especializada dentro de Europol para luchar contra los grupos de crimen organizado activos en distintos sectores al mismo tiempo.

    En cuanto a los responsables de las corruptelas, el pleno de la Eurocámara pide normas vinculantes para la inhabilitación de los condenados por actividades relacionadas con la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, la corrupción u otros delitos graves.

    Una inhabilitación que debería afectar tanto para impedirles concurrir a las elecciones como para trabajar para las administraciones públicas, incluidas las instituciones, organismos y agencias de la Unión.

    Finalmente, el pleno ha pedido que la UE se dote de un sistema común para la confiscación de activos de organizaciones criminales y que su uso se extienda a fines sociales y como compensación a familias y empresas afectadas por las prácticas criminales o corruptas.