19 de julio de 2019
  • Jueves, 18 de Julio
  • 12 de abril de 2016

    La Eurocámara pide normas más estrictas y sanciones para las importaciones de productos pesqueros

    BRUSELAS, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

    El Parlamento Europeo ha reclamado este martes unas normas más estrictas para la importación de productos pesqueros y sanciones contra las embarcaciones que no cumplan con los pactos de pesca sostenible, en una resolución no legislativa en la que los eurodiputados han subrayado además que el acuerdo con Mauritania debería servir como modelo de transparencia y garantía de cumplimiento.

    En concreto, la resolución sobre la dimensión internacional de la Política Pesquera Común (PPC), aprobada con 640 votos a favor, 26 en contra y 12 abstenciones, celebra las disposiciones sobre transparencia del reciente protocolo con Mauritania, que se compromete a publicar todos los acuerdos con otros Estados o con entidades privadas en los que autoriza el acceso a embarcaciones extranjeras a zona económica exclusiva.

    Así, los eurodiputados han destacado que todos los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales negociados por la UE deberían impulsar unas condiciones sostenibles y socialmente justas para la producción de productos de pesca en terceros países a través del uso de restricciones en el acceso al mercado comunitario.

    El texto concreta que "todo pescado o producto pesquero derivado para el que no esté garantizado el cumplimiento de estas condiciones o con los criterios de protección al consumidor debería ser excluido del mercado europeo".

    De la misma forma, la Eurocámara ha defendido que las embarcaciones que no cumplan sus obligaciones bajo los acuerdos de asociación de pesca sostenible (SFPA por sus siglas en inglés) deberían ser objeto de sanciones previstas y, si fuese necesario, se podría retirar la autorización de pesca.

    Por otro lado, el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión a establecer una base de dato que cubra todos los acuerdos privados entre propietarios comunitarios de barcos con autoridades locales y regionales por un lado y terceros países.

    Esta base, que sería de dominio público, debería incluir las condiciones de acceso a recursos pesqueros, la capacidad admisible de flota, la identidad de las embarcaciones y las actividades pesquera concretas.