MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha enviado a los grupos parlamentarios un documento con seis enmiendas entre las que se incluyen que los usuarios puedan cerrar el precio del viaje antes del mismo y que se elimine el plazo de cuatro años que el PSOE concede a las plataformas digitales como indemnización, según ha informado la organización en un comunicado.
Los taxistas piden también que se prevean "medidas de compensación" a los taxistas por haber sido los "verdaderos perjudicados" por la entrada de miles de autorizaciones VTC, que llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2009 mediante su Ley Ómnibus.
"No entendemos cómo no se compensa el grave perjuicio producido a los taxistas por la irrupción y las ilegalidades de Uber y Cabify y, sin embargo, se otorgan cuatro años de indemnización para que se consoliden en el mercado a quienes han accedido como auténticos
ventajistas a lomos de una burbuja especulativa", señaló el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.
La asociación de taxistas pide que estas peticiones se incorporen a la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 13/2018, que a instancias del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se convalidó el pasado 25 de octubre en el Congreso de los Diputados.
Por otro lado, la organización está preparando, a través de la Alianza Europea de Taxistas (TEA) que preside Leal, la denuncia de esta indemnización ante la Comisión Europea en Bruselas, a donde viajará en este mes para presentarla.
En paralelo, Fedetaxi ha afirmado que solicitará al Gobierno la elaboración de un Libro Blanco de movilidad urbana en vehículos turismo de transporte público de viajeros para abordar temas que promuevan la mejora de la experiencia de los usuarios y la competitividad de los taxis, como la modernización y electrificación de las flotas y la implementación de una plataforma digital pública para los usuarios de taxis.
Finalmente, Fedetaxi pedirá a los grupos parlamentarios que las comunidades autónomas y ayuntamientos asuman sus competencias constitucionales en transportes urbanos. La organización también pedirá a consistorios como el de Madrid la puesta en marcha de las medidas municipales regulatorias del arrendamiento de vehículos con
conductor que posibilita la norma en trámite el Congreso de los Diputados.
