MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado este jueves al Pleno del Congreso que el proyecto de ley de Ordenación, supervisión y Solvencia de las entidades de crédito "no afloja" el control del Gobierno al sector, porque el objetivo es que los bancos "sean capaces de afrontar por sí mismas cualquier situación adversa" que se presente en el futuro sin "contagiar" al resto de la economía.
Así lo ha señalado durante el debate parlamentario de las enmiendas de totalidad presentadas por la Izquierda Plural y ERC a dicha normativa, que básicamente se destina a "incorpora al ordenamiento jurídico español la totalidad de la normativa europea en materia de solvencia", que es "de obligado cumplimiento" para todos los estados miembros.
"El objetivo es que las entidades sean más solventes y estén mejor preparadas ante un escenario de dificultad y turbulencias, porque tienen que ser capaces de afrontar por sí mismas cualquier situación adversa y evitar el efecto contagio al resto de la economía", ha dicho, asegurando que "se endurecen" todos los parámetros que ya estaban previstos en normativas anteriores.
Por eso, ha pedido a los grupos enmendantes que "recapaciten" y retiren sus enmiendas, criticándoles por "votar en contra del avance más importante que se ha producido desde el final de la II Guerra Mundial para evitar que vuelva a haber una crisis como la actual". "Es una revolución absoluta en el contexto de la moneda única", ha dicho, situando este proyecto como "una pieza" de un conjunto más amplio de reformas del sector ya aprobadas y otros cambios que están por venir como el supervisor bancario o el fondo de resolución.
HA HABIDO "MUCHOS FALLOS"
Unas modificaciones que se han demostrado necesarias tras los "muchos fallos" que se han puesto de manifiesto con la crisis, tanto en la gestión de las entidades financieras como en los instrumentos para hacer frente a estas situaciones. "Había que establecer nuevas bases para un sistema bancario más solvente y resistente", ha reconocido el ministro, destacando la "armonización" que exige el caso europeo.
De ahí que se presente este proyecto de ley, que traspone a la normativa española una directiva comunitaria --cuyos aspectos "más urgentes" están en vigor desde finales de 2013 gracias a un decreto ley--, y además permite "refundir y clarificar la normativa de solvencia" ya vigente.
"Es un proyecto fundamental porque constituye un marco más sólido e integrado para el sistema bancario, al mejorar la cantidad y la calidad del capital, establecer colchones de liquidez e introducir medidas de transparencia y buen gobierno", ha resumido De Guindos, apostillando que estas medidas "confirman que el camino del Gobierno era el correcto porque se persevera en las iniciativas tomadas desde el inicio de la legislatura".
Finalmente, el titular de Economía ha señalado que el proyecto se estructura en torno a cuatro ejes: el régimen jurídico de las entidades y el funcionamiento de los órganos directivos (idoneidad, honorabilidad, gobierno corporativo, transparencia, compatibilidades o remuneraciones), la supervisión prudencial (adecuación de capital a los riesgos, control del Banco de España, nuevos colchones de capital o sanciones), las modificaciones de la Ley del Mercado de Valores para "extender las medidas a las empresas de servicios de inversión", y los cambios en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el nuevo régimen de las participaciones preferentes.
"Si hubiéramos tenido toda esta normativa en vigor nos habríamos evitado muchos dolores de cabeza (con las preferentes)", ha asegurado el ministro, resaltando por último la importancia de la financiación no bancaria para el futuro de la economía y destacando cómo este proyecto también trabaja en su fomento.
FALTA PROTECCIÓN A LOS MÁS DÉBILES
Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela ha reconocido que el proyecto "contiene avances" respecto de la regulación actual, y ha admitido las "dificultades" de regular el sector financiero en el ámbito nacional. "Pero el problema es que los gobernantes europeos comparten la negativa a poner en duda algunas verdades absolutas con las que se ha construido el sistema financiero y a cruzar algunas fronteras", ha matizado.
Así sucede con el Ejecutivo español, que ha "optado por la versión mas 'light' de la normativa europea", presentando un proyecto "absolutamente insuficiente" que "no es la respuesta" que se necesita tanto por sus "carencias" como porque "responde a la misma lógica del sistema financiero que ya se ha demostrado inútil frente a los riesgos", en lugar de avanzar en la banca pública o en las "consecuencias patrimoniales y penales de quien incurra en irresponsabilidades que acaben pagando todos los ciudadanos".
"Este proyecto nace viejo porque no es más que la actualización de un vetusto edificio que se derrumbó con la crisis y que no se puede reconstruir con un mero retoque. La clave no es qué hacer cuando el sistema salta por los aires, sino cómo evitar los tres factores de riesgo: que es un sistema procíclico y gregario, que hay una profunda asimetría entre el reparto de beneficios y la socialización de pérdidas, y el grave riesgo moral de esa lógica. Este proyecto no servirá probablemente para evitar la siguiente crisis", ha apostillado.
Teresa Jordá (ERC) ha criticado que el Gobierno se "preocupe muchísimo de proteger a la banca y muy poco de cuidar a la ciudadanía". "Es a lo que nos tienen acostumbrados y este proyecto no es ni siquiera la excepción que confirme la regla", ha dicho, lamentando que se "deseche" la oportunidad de incorporar las últimas sentencias sobre protección al consumidor en temas como las hipotecas o los productos híbridos.
"Ustedes están exclusivamente a merced del poder y dispuestos sólo a proteger a los suyos", ha criticado, añadiendo que "sería de vital importancia que este proyecto incorporara el concepto de banca pública como entidad de crédito" al "servicio de las personas".
Por su parte, Rafael Larreina (Amaiur) ha explicado que su apoyo a los vetos no se debe al contenido de la ley sino al "desacuerdo con lo que no está" en ella, ya que "el Gobierno ha ido por detrás de la realidad" y ha desaprovechado la ocasión de "aprender de todo lo que se ha sufrido" por la crisis financiera y de "proteger a los más débiles".
ES UN AVANCE, TOCA NEGOCIAR
Valeriano Gómez ha reconocido que el PSOE "comparte los objetivos" del proyecto y ha señalado que, aunque "en muchas ocasiones los instrumentos son, por desgracia, insuficientes", las medidas "van en la dirección adecuada". Por eso, ha pedido "diálogo" al Gobierno en la tramitación de la norma y más avances en la integración europea.
Álvaro Anchuelo, portavoz económico de UPyD, se ha mostrado "favorable a cualquier paso hacia la integración europea" y en pro de "incorporar a la legislación las lecciones extraías de la crisis". No obstante, ha señalado que si se puede plantear alguna crítica al texto es "que se queda corto" en algunos aspectos sobre los que presentarán enmiendas.
Por CiU, Josep Sánchez Llibre ha lamentado que estas medidas hayan tardado tanto en aprobarse, porque de haber estado en vigor "el sistema no hubiera padecido lo que ha padecido", aunque ha alertado de que aún quedan cosas para hacer como, por ejemplo, conseguir que el crédito llegue a la economía.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, cree que el proyecto es "positivo" para "reforzar el sistema" y "evitar problemas del pasado reciente, algo imprescindible para el sector". "Posiblemente habrá que ir más allá", ha advertido, lamentando que haya tenido que estallar la crisis para tomar este tipo de medidas.
Finalmente, la 'popular' Irene Garrido ha destacado que esta normativa será "común" para toda la Eurozona y que avanzará en el control de las entidades financieras.
