MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los responsables de los principales bancos extranjeros en Argentina, entre los que se encuentran el Banco Francés, filial del BBVA, y el Banco Río de la Plata, del Grupo Santander, están citados a declarar a partir de mañana ante la Justicia argentina como imputados en el marco de una investigación por el 'corralito' financiero de diciembre de 2001, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas al caso.
La actual presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín (en la imagen), está citada a comparecer mañana en calidad de presidenta de la filial argentina del Santander, Banco Río de la Plata, cuando tuvo lugar la crisis del 'corralito'. Fuentes de Banesto consultadas por Europa Press aclararon que Botín nunca presidió dicha entidad.
El juez federal argentino Sergio Torres, que investiga el caso, señaló para el martes la declaración del gerente general del Banco Río de la Plata, Enrique Cristofani. Hasta el momento de la citación no se sabrá si acuden o no ante la Justicia argentina, explicaron las mismas fuentes.
Por parte del Banco Francés, filial del BBVA, están citados el antiguo presidente de la entidad, Gervasio Collar Zabaleta, el 27 de marzo, y el ex vicepresidente primero, Antonio Martínez Jorquena y Lloveras, al día siguiente.
El juez federal argentino Sergio Torres, que investiga el caso, también ha citado como imputados a varios responsables de Banco de Galicia, Citibank Argentina, Bank Boston, Scotiabank Quilmes, Banco Sudameris y HSBC Bank Argentina.
En total son más de una docena de directivos de ocho entidades financieras extranjeras presentes en Argentina que deberán declarar como imputados ante el juez Torres durante el mes de marzo.
Entre los imputados se encuentran los banqueros argentinos Carlos Fredigotti Góngora (Citibank); Manuel Ricardo Sacerdote, Víctor Zerbino y Juan Manuel Sacerdote (Boston); Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia); José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (Sudameris).
El 3 de diciembre de 2001, en medio de una grave crisis política, social y económica, el Gobierno argentino se vio obligado a instaurar el llamado 'corralito' financiero, por el que durante varios meses se congelaron los depósitos de los ahorradores y se restringió la retirada de dinero en efectivo.
La causa se inició en febrero de 2002 tras la presentación de una denuncia de un ahorrador del Banco Sudameris, por la no restitución de sus depósitos en dólares estadounidenses y durante casi seis años el expediente tuvo un complejo periplo entre la justicia de instrucción y la federal.
En abril de 2002 no se encontraron pruebas contra la mayoría de los imputados, decisión que fue ratificada en 2005 por una instancia superior. Sin embargo, ahora el juez Torres quiere interrogarles sobre la promoción que hacían para captar dólares anunciando que sus entidades tenían respaldo de sus respectivas casas matrices.
