MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reiterado su denuncia a Vodafone por el cobro de 2,50 euros en el servicio telefónico de atención al cliente ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la Información y ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, según ha informado OCU en un comunicado.
Desde OCU aseguran que aún no han recibido respuesta sobre la denuncia del pasado mes de febrero a Vodafone, cuando la compañía instauró el cobro al realizar telefónicamente una serie de consultas o gestiones que venían siendo gratuitas hasta la fecha.
Asimismo, OCU advierte que en este periodo Vodafone ha ampliado las gestiones por las que cobrará a sus clientes, incluyendo servicios como la solicitud de información de consumo (tanto de voz como de datos) o las relacionadas con la gestión del contestador automático. Además, Vodafone cobrará a sus clientes por cada comunicación en la que soliciten la restricción de llamadas en el móvil o de SMS Premium.
Para OCU, resulta "injustificable" este sobrecoste para fomentar la utilización del área de cliente en la web y en la aplicación, donde el usuario sí podrá realizar dichas gestiones por sí mismo y de manera gratuita.
Como ya denunció anteriormente, OCU considera que esta decisión supone un claro perjuicio para los clientes, sobre todo para aquellos menos familiarizados con el uso de Internet, especialmente las personas mayores.
En concreto, OCU apunta que esta medida es contraria al artículo 21 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pues pretende cobrar por las consultas más habituales del servicio de atención al cliente, que tiene que ser gratuito.
En este sentido, especifica que la medida también es contraria a la normativa sectorial, en concreto, el artículo 26.2 del Real Decreto 899/2009, así como a los principios de accesibilidad universal.
Por todo ello, desde la organización instan a las autoridades competentes a que "agilicen el procedimiento" de la denuncia interpuesta para evitar que este tipo de sobrecostes se sigan aplicando "en contra de normativa de protección de los consumidores".
