MADRID, 16 May. (OTR/PRESS) -
La reunión que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantendrá la próxima semana con los presidentes de las Comunidades Autónomas con mayoría socialista para tratar el asunto de la reforma de la financiación autonómica, no implicará ningún tipo de diferencia respecto a las demás, ni un acuerdo definitivo. La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, quiso hoy dejar claro que el sistema de financiación "va a ser para todos" y que su Gabinete no pondrá "en cuestión ninguna disposición de ningún Estatuto", en referencia al texto catalán que establece que la actualización de la financiación se hará de forma bilateral entre el Estado y la Generalitat. Esto, para el portavoz económico de los populares en el Congreso, Cristóbal Montoro, es "inadmisible", por lo que reclamó al Gobierno que alcance la "unanimidad" con todos los territorios, al ser "la forma de garantizar que no haya ni ganadores ni perdedores al final del trayecto".
Tal y como explicó el propio Zapatero desde Lima, donde se encuentra con motivo de la celebración de la 'Cumbre Unión Europea, Caribe y América Latina', la reunión que el próximo miércoles mantendrá con los presidentes autonómicos del PSOE será una "primera toma de contacto" con los mismos, si bien "no es de esperar" que del encuentro salga "una posición definitiva" sobre la reforma de la financiación de las CCAA.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega se refirió al asunto, y en la misma línea de su 'jefe', indicó que la reunión de los presidentes autonómicos será un encuentro "informal" del presidente, "de las muchas que va a tener para escuchar a todo el mundo" y "a todas las partes interesadas". Aunque cree que hay "muchos elementos para el acuerdo" con todas las comunidades, la vicepresidenta reconoció que "como es lógico, cada Comunidad Autónoma tiene sus argumentos", y por ello "es necesario conciliar todas las demandas y que el Gobierno escuche a todo el mundo".
El nuevo modelo, deberá "reforzar la autonomía financiera de las comunidades bajo el principio de suficiencia, para que tengan más autonomía y responsabilidad" aunque "garantizándose la solidaridad interterritorial y la convergencia". Así, el esfuerzo que deberán hacer los agentes implicados deberá ser para conseguir "un acuerdo válido y satisfactorio para todos", en busca de un sistema que sea "el mejor".
"CUMPLIREMOS LA LEY Y EL ESTATUT"
"Vamos a buscar el acuerdo, y creo que hay elementos para pensar que se pueda llegar, más allá de una polémica razonable por ser algo que afecta a todas las CCAA. El objetivo es armonizar intereses de todos", señaló De la Vega. En temas "muy importantes" como la sanidad o la educación las comunidades tendrán una "mayor autonomía, responsabilidad y suficiencia", aunque siempre se garantizará "la solidaridad y la aproximación de las rentas", entre los distintos territorios.
La vicepresidenta añadió que "hay determinadas CCAA que no se oponen al concepto de solidaridad, porque está garantizado en la Consititución" pero que "solicitan que se establezcan otras garantías para que en función de su renta y población", no se vean perjudicadas en su dinamismo". Pero hay otras que "dicen otras cosas" y por ello el Gobierno trata de "armonizar para que se pueda compatibilizar todo, el dinamismo de unas CCAA y la solidaridad interterritorial".
Respecto al Estatut catalán, que en su artículo 208 establece que "el Estado y la Generalitat procederán a la actualización quinquenal del sistema de financiación", De la Vega aseguró que el nuevo sistema no pondrá "en cuestión ninguna disposición de ningún Estatuto", y tampoco del "Estatut de Cataluña". "Cumpliremos la ley y el Estatut", puntualizó".
MULTILATERALIDAD DEL CPFF
Pero desde filas populares no están muy de acuerdo con esa negociación bilateral. Montoro aseguró hoy en rueda de prensa que no pueden "admitir un sistema que nazca de la bilateralidad del Gobierno de España con una comunidad autónoma", algo que a su juicio es "totalmente inadmisible" porque es "inexcusable la multilateralidad que establece el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)". El PP apoya la reforma de la financiación, aunque cree que el actual sistema "ha funcionado bien" y fue aprobado por "unanimidad".
Así, el nuevo deberá respetar la "igualdad de los ciudadanos" ya que "con independencia del lugar donde residan, tienen que tener acceso a los servicios públicos básicos". A su juicio, este requisito es "una oportunidad política de integración" y no "un motivo de desavenencia y enfrentamiento entre los españoles".
Algunas comunidades ya han comenzado a negociar cuál será la reforma de su sistema de financiación, como es el caso de Andalucía. Tal y como explicó el presidente de la Junta, Manuel Chaves, ya se están produciendo contactos entre partidos y grupos parlamentarios en la comunidad andaluza, para buscar un acuerdo en financiación y aseguró que para él "sería absolutamente inconcebible" que no se llegara a un consenso. Por su parte, la portavoz del Gobierno balear, Margarita Nájera indicó que cuando llegue el momento de negociar el presidente de la comunidad, Francesc Antich, defenderá únicamente los "intereses del archipiélago".
