ZARAGOZA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía, Planificación y Empleo de las Cortes de Aragón ha aprobado esta tarde una proposición no de ley del PP para adoptar medidas destinadas a los Centros Especiales de Empleo y los trabajadores con discapacidad como consecuencia de la crisis sanitaria originada por la COVID-19.
La votación ha recabado la unanimidad de la Cámara, a excepción del sexto, que se ha votado de forma separada y ha sido rechazado con los votos en contra del cuatripartito e IU.
La diputada popular Marian Orós ha defendido la iniciativa y ha explicado que "la crisis económica se está enquistando en nuestra sociedad y en Aragón y va a afectar especialmente a los colectivos más vulnerables, de los que forman parte las personas con discapacidad".
En este sentido, tal y como ha manifestado Orós, los 70 centros especiales de empleo de Aragón, que "permiten la realización individual de estas personas", vienen arrastrando "problemas antiguos que es el momento de atajar".
Desde los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE-Podemos-CHA-PAR, han presentado dos enmiendas conjuntas, que han sido aceptadas y transaccionadas por el grupo proponente.
En representación del PSOE, el diputado Enrique Pueyo ha reconocido el "compromiso" de los centros especiales de empleo en Aragón y, tras anunciar que el Gobierno "seguirá cumpliendo con la legalidad y los acuerdos con el colectivo", se ha remitido a los datos para asegurar que "en 2019 se dedicó a estos centros más de diecisiete millones de euros".
Por parte de Podemos, Erika Sanz ha "agradecido la iniciativa" porque "estamos hablando de cerca de 2.400 trabajadores y de las consecuencias de una pandemia que nos obliga a redirigir las actividades y a adoptar medidas esenciales para mantener el empleo en todos los ámbitos" y para "trabajar por la inclusión en las empresas".
El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, ha defendido la "importancia que tienen los centros especiales de empleo para la integración social y laboral de las personas con discapacidad" y ha puesto de manifiesto que, desde el Gobierno, "hay una mayor cantidad de ayudas con respecto a años pasados y el número de trabajadores también ha aumentado".
Jesús Guerrero (PAR) ha adelantado su voto a favor de la iniciativa en el caso de que el grupo proponente acepte la enmienda y ha mostrado el respaldo de su grupo ante cualquier propuesta que tenga que ver con "poner en valor la necesidad de estos centros, mantener los empleos y reorientarlos, o hablar de digitalización y medio rural".
A continuación, por parte de los grupos no enmendantes han tomado la palabra los parlamentarios Javier Martínez (Ciudadanos), Marta Fernández (Vox) y Álvaro Sanz (IU).
Para el diputado de Cs, Javier Martínez, "la situación de los centros especiales de empleo ya era delicada por cuestiones que atañían a la Administración" y "lo que se debe hacer es cumplir los compromisos porque estos centros prefieren los fondos a los diálogos y a los avales".
La parlamentaria de Vox, Marta Fernández, ha anunciado su apoyo a esta proposición no de ley porque, desde su grupo, son "conscientes de que estas empresas luchan por la inclusión y trabajan para que las personas con necesidades especiales lleven una vida lo más adaptada a la realidad".
Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha declarado que "la iniciativa aborda un sector complejo, sensible, vulnerable y muy importante", al tiempo que ha manifestado que "se debe hablar del acceso al trabajo de las personas con diversidad funcional garantizando que se adapta el trabajo a la persona y no la persona al trabajo".
