MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Fomento, José Blanco, aseguró que la reforma de la Ley de Navegación Aérea 48/1960 "no debía postergarse más", no sólo por los cambios profundos que ha experimentado el sector aéreo, sino por la necesidad de adecuar una norma a las nuevas exigencias de la sociedad para hacer compatibles las infraestructuras aeroportuarias como la calidad de vida de los ciudadanos.
Blanco defendió que la modificación parcial de la Ley, propone un marco jurídico "estable y claro", garantizando la conciliación de los intereses económicos, a veces contrapuestos, con los derechos de los ciudadanos, que hasta ahora "no se habían regulado de forma adecuada".
Así, indicó que la actualización de la Ley es un elemento "imprescindible" para la toma de decisiones, tanto de AENA como de los operadores aéreos y de los propios ciudadanos para que no vean condicionada su forma de vida por el mero hecho de residir en las inmediaciones de los aeropuertos.
En esta línea, Blanco subrayó que la reforma fija "claramente" e "incrementa" las obligaciones que el Estado debe cumplir en materia acústica, para que las infraestructuras aeroportuarias sean compatibles con la calidad de vida de los ciudadanos, y recoge medidas de ejecución "inmediata" para proteger sus derechos.
"Seguir sin tomar decisiones en este sentido, puede llevar a que, en última instancia, se afecte a derechos básicos de las personas, sin ofrecerles como contrapartida la imprescindible protección de la que son acreedores", advirtió.
El titular de Fomento destacó que con la implantación de estos planes de acción el Gobierno se anticipa diez años a la aplicación de la Ley del Ruido, aprobada en 2003, impulsada por el Gobiermo del PP, que la que se fijaba 2020 como plazo para la aplicación de las servidumbres aeronáuticas y de las correspondientes medidas correctoras. "España se va a situar en la vanguardia europea, en cuanto a la calidad acústica en los aeropuertos", afirmó.
Con la modificación de la Ley, el Estado estará obligado a garantizar que en las poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal y a aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras, que garanticen dichos parámetros sean aplicables al espacio interior de las viviendas aledañas.
Asimismo, AENA estará obligada a evaluar de forma "continuada" del impacto ocasionado por las infraestructuras aeroportuarias en las poblaciones circundantes, a vigilar y sancionar los incumplimientos que se pudieran producir y a instar o adoptar las medidas necesarias para compatibilizar "una explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes".
El proyecto da un plazo de seis meses al Estado para que en los aeropuertos de 250.000 operaciones al año --Barajas y El Prat-- se aprueben las correspondientes servidumbres acústicas y de 12 meses para los de tamaño medio, de forma que se atiendan los derechos afectados por los sobrevuelos, aunque para el resto de los aeródromos podrá ser reducido a criterio del gestor aeroportuario.
Para ello, adapta la Ley de Navegación Aérea a la reciente normativa internacional y comunitaria en esta materia, y responde a la doctrina marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la 35º asamblea de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
IMPULSO DE LA ACTIVIDAD AEROPORTUARIA.
Blanco recordó que la deuda de AENA, que asciende a 12.000 millones de euros, viene motivada por las inversiones realizadas en aeropuertos como Madrid-Barajas (6.000 millones de euros) o El Prat (5.000 millones) y aseguró que el Gobierno está adoptando iniciativas importantes para impulsar la actividad aeroportuaria.
Asimismo, señaló que el sector aéreo genera 440.000 empleos, de los cuales 140.000 se localizan de manera directa en las 6.200 empresas que operan en los aeropuertos españoles, "nodos" de impulso de la economía del país. Además, subrayó su "carácter dinamizador" para el turismo, vía de entrada de tres de cada cuatro turistas que llegan a España.
"Puede ser un texto que entre todos podemos mejorar", afirmó Blanco, quién invitó a los grupos a enriquecer la reforma con sus aportaciones en el marco del "consenso y el diálogo" para desde la responsabilidad conciliar el desarrollo económico, los derechos de los ciudadanos y la sostenibilidad ambiental.
