Peligran 30.000 empleos y 1.100 millones de euros
MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados, a instancias de CiU, ERC, IU, ICV y varias formaciones del Grupo Mixto, han retrasado hasta el próximo 2 de febrero la presentación de enmiendas al proyecto de ley que reforma parcialmente la Ley de Navegación Aérea que el Gobierno aprobó en diciembre para dar respuesta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que podría suponer el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas.
A instancias del ministro de Fomento, José Blanco, el Gobierno aprobó el pasado 4 de diciembre el proyecto de ley y lo remitió a la Cámara Baja, donde iba a tramitarse por la vía de urgencia. Se fijó el 21 de diciembre como el plazo inicial de enmiendas, fecha que amplió posteriormente hasta el 28 de diciembre y, finalmente, se ha desplazado hasta el 2 de febrero, cuando se retome la actividad ordinaria de los parlamentarios.
Según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, la petición de estas formaciones retrasará la tramitación de la norma, ya que a partir de febrero tendrán que debatirse las posibles enmiendas de totalidad --que se votan en Pleno-- así como, posteriormente, las parciales, de forma que la remisión de la norma al Senado se podría retrasar hasta marzo.
Esto pese a la intención inicial de Fomento de acelerar el trámite en el Congreso para resolverlo antes de acabar el año. Se llegó incluso a plantear la posibilidad de celebrar una reunión de la Comisión de Fomento el 29 de diciembre.
La norma, que consta de un artículo y tres disposiciones, reforma parcialmente la ley con la doble finalidad de "proteger adecuadamente" a los ciudadanos que viven en las poblaciones en el entorno de los aeropuertos competencia del Estado, afectados principalmente por el ruido ocasionado por el sobrevuelo de los aviones, y al mismo tiempo "salvaguardar los intereses generales" de los usuarios, especialmente en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, incidió en que la norma garantiza "el futuro del aeropuerto de Barajas y evitar la pérdida de empleos y de actividad económica", después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a AENA a reducir a la mitad los vuelos sobre la urbanización de Ciudad Santo Domingo (Algete).
Según Fomento, esto supondría recortar al 50% las operaciones en configuración sur en Barajas, la que más afecta a la zona, pero "a medio y largo plazo el cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas".
HASTA 3.000 MILLONES DE EUROS.
La reducción de los vuelos al la mitad supondría destruir 30.000 puestos de trabajo y dejar de ingresar unos 1.100 millones de euros en la Comunidad de Madrid, que tiene en el aeropuerto de Madrid-Barajas una de sus principales industrias. Barajas aporta a la región madrileña aproximadamente un 11% del PIB y representa un 8,9% del empleo, con cerca de 125.000 empleos. A medio y largo plazo, el cierre de la infraestructura supondría unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros.
Por este motivo, la norma crea un "marco jurídico" que fija un plazo de seis meses para adecuar las servidumbres acústicas en los aeropuertos de 250.000 operaciones al año --Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat-- e insta al ente público a poner las medidas protectoras necesarias para minimizar el ruido, pero sin reducir los vuelos como obliga el auto del TSJM.
El proyecto de ley garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos que viven en el entorno de las infraestructuras aeroportuarias y regula la aplicación de medidas como la insonorización de viviendas o urbanizaciones de las zonas afectadas por los sobrevuelos donde el nivel de ruido no sea compatible con la calidad acústica establecida por la normativa vigente, insisten desde Fomento.
De esta forma, el Estado estará obligado a garantizar que en las poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal y a aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras, que garanticen dichos parámetros sean aplicables al espacio interior de las viviendas aledañas.
Asimismo, AENA estará obligada a evaluar de forma "continuada" del impacto ocasionado por las infraestructuras aeroportuarias en las poblaciones circundantes, a vigilar y sancionar los incumplimientos que se pudieran producir y a instar o adoptar las medidas necesarias para compatibilizar "una explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes".
Para ello, el proyecto adapta la Ley de Navegación Aérea a la reciente normativa internacional y comunitaria en esta materia, y responde a la doctrina marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la 35º asamblea de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
