MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha registrado este jueves una iniciativa en el Congreso reclamando al Gobierno mejoras en la red ferroviaria de Cercanías en la Comunidad de Madrid. Precisamente este martes el presidente Mariano Rajoy anunció una inversión de 3.900 millones para el servicio de Rodalíes de Cataluña.
En una proposición no de ley a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas reclaman retomar las actuaciones contempladas inicialmente en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías de la Comunidad de Madrid y actualizarlas "con las demandas surgidas desde su aprobación".
Desde el PSOE critican "la deficiencia de la red actual en aspectos de cobertura, funcionalidad y accesibilidad". "Hay que dar respuesta a la demanda que ha evolucionado los últimos años, y para ello es necesario acometer un proceso de modernización, renovación y ampliación de la capacidad de la red", ha dicho la diputada madrileña Carlota Merchán, que ha registrado la iniciativa junto a sus compañeros de grupo Rafael Simancas y Pablo Bellido.
MÁS SERVICIO EN DOS LÍNEAS Y UNA NUEVA ESTACIÓN
En su iniciativa, el PSOE reclama "mejorar el servicio actual de Cercanías de Madrid, incrementando frecuencias y realizando un adecuado mantenimiento de trenes e infraestructuras", la ampliación del servicio en dos líneas ferroviarias y la construcción de una nueva estación. Concretamente en la línea C-4, en el polígono industrial de Cobo Calleja, ubicado en el municipio madrileño de Fuenlabrada.
Las dos líneas que, a juicio de los socialistas, necesitan un mayor servicio, son la línea C-3 --desde El Escorial hasta Santa María de la Alameda-- y la C-2 --desde Atocha hasta Guadalajara--. Precisamente, ambas demandas han sido aprobadas por unanimidad en la Asamblea de Madrid y en las Cortes de Castilla-La Mancha, recuerdan
El PSOE creen necesario actualizar el plan de infraestructuras con las demandas surgidas desde su aprobación, y piden señalar los plazos y compromisos de ejecución de cada una de las medidas incluidas en el mismo y en los propios Presupuestos Generales del Estado. Para ello, fijan un plazo de seis meses.
