MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, han presentado este jueves la incorporación de los ayuntamientos a la Tarjeta Social Universal (TSU), un sistema de información que integrará las prestaciones públicas de contenido económico con los datos de todas las administraciones.
La tarjeta, que no será física, permitirá además a los beneficiarios simplificar los trámites administrativos y disponer en su teléfono móvil de la información de sus prestaciones reconocidas, según se ha informado durante la presentación celebrada en la sede de la FEMP en Madrid.
"Necesitamos que los ciudadanos estén mejor informados para que conozcan sus derechos", ha afirmado el secretario de Estado de Seguridad Social, destacando que esta herramienta, que será presentada el próximo mes de enero a las consejerías de Servicios Sociales de las comunidades autónomas, favorecerá la colaboración entre las diferentes administraciones públicas.
Los datos registrados serán gestionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, recopilando información sobre pensiones básicas o complementarias, contributivas, no contributivas y asistenciales. También prestaciones temporales como los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, prestaciones y ayudas de pago único.
La creación de una tarjeta social se acordó en la Conferencia de Presidentes autonómicos en enero de 2017 e inmediatamente se alzaron voces críticas con la iniciativa, por entender, como era el caso de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se trataba de un "carné para pobres" y que suponía volver "al Padrón de la Beneficencia" que disponían los ayuntamientos en la primera mitad del siglo pasado. El Gobierno de Mariano Rajoy
Empezó a implementar esta medida el Gobierno del PP , La creación de una tarjeta social fue un acuerdo de la Conferencia de Presidentes autonómicos en enero de 2017 e inmediatamente se alzaron voces críticas con la iniciativa, por entender, como era el caso de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se trataba de un "carné para pobres" y que suponía volver "al Padrón de la Beneficencia" que disponían los ayuntamientos en la primera mitad del siglo pasado.
El Gobierno, entonces del PP, defendió la medida asegurando que se trata de una iniciativa que mejorará los servicios a los ciudadanos porque permitirá conocer en tiempo real, el alcance de las prestaciones sociales públicas y el impacto que tienen en los ciudadanos en función de variables como su situación familiar, destapando así las situaciones de mayor vulnerabilidad para tomar medidas al respecto.
