MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, 7 de diciembre, el informe previo a la elaboración del II Plan de Derechos Humanos, que girará en torno a cuatro ejes prioritarios: protección de la infancia, igualdad de género, migraciones y transición ecológica.
Con motivo del 40º aniversario de la Constitución Española y coincidiendo con el 70º Aniversario de la adopción por las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Gobierno destaca que ha puesto en marcha una política que permite avanzar en la promoción y protección de Derechos Humanos y que se concretará en este Plan, vigente durante cinco años (2019-2023) con la intención de que no coincida con una legislatura concreta.
Su objeto será la mejora de la protección y disfrute de todos los Derechos Humanos sobre la base de la Declaración Universal, los Pactos Internacionales de 1966 y todos los Tratados específicos ratificados por España. Además, tomará en consideración la indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos.
Junto a los mencionados cuatro objetivos, se incorporan dos ejes transversales que afectan a todas las áreas: la mejora y efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales y la promoción de la igualdad de trato y no discriminación.
A estos efectos, se integrará el Plan de Derechos Humanos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, tomando como referencia las cinco esferas de acción definidas en la Agenda 2030, el Ejecutivo detalla que los ámbitos de acción del Plan girarán en torno a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la justicia y las alianzas.
Para llevar a cabo de una forma participativa y ordenada todo el proceso de elaboración del II Plan de Derechos Humanos, el Gobierno ha indicado que creará una Comisión de Personas Expertas, cuyos componentes se nombrarán en enero de 2019.
Además, se establecerán contactos con la sociedad civil y otros actores públicos implicados que permita la elaboración del Plan de manera participada y deliberativa, entre ellos, las Cortes Generales y el Defensor del Pueblo.
