MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La mayoría de las personas que cultivan cacao viven en la pobreza mientras que el mercado global del chocolate crece a un ritmo del siete por ciento anual, según se desprende del informe 'Hacia la sostenibilidad de las cadenas de suministro del cacao: opciones de regulación para la UE'. Dicho informe ha sido editado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) y publicado con motivo del Día Mundial de la Justicial Social, que se celebra este 20 de febrero.
El estudio señala que para unas 50 millones de familias en el mundo la producción es su principal sustento. En concreto, en Costa de Marfil, país principal productor de cacao, las familias cobran, de media, ingresos que no llegan al 37 por ciento de la renta mínima de subsistencia. De hecho, las familias únicamente reciben entre el tres y siete por ciento del precio final de una tableta de chocolate, lo que contrasta con el 50 por ciento que recibían en los años 70 y el 16 por ciento en los 80.
A pesar de la situación de las familias, el documento también revela que los fabricantes de chocolate reciben el 40 por ciento del precio final de una tableta. Se trata de un mercado que está al alza y que crece un siete por ciento cada año y que se estima que en 2024 alcanzará los 162.000 millones de dólares. Estas cifras, según Coordinadora Estatal de Comercio Justo, solo tres empresas concentran el 60 por ciento del procesamiento mundial de cacao y seis empresas constituyen forman el 40 por ciento del mercado global de consumo de chocolate.
Entre los principales problemas de este sector es el trabajo infantil. De acuerdo con Comercio Justo, en 2015, 1,2 millones de menores en Costa de Marfil y 0,9 millones en Ghana trabajaban en este sector, de los cuales el 80 por ciento y el 90 por ciento se ocupaban de tareas peligrosas como soportar cargas pesadas, manipular productos químicos o trabajar con machetes.
Por otro lado, Europa cosume el 40 por ciento del cacao mundial seguido de Estados Unidos con el 20 por ciento. Por ello, el estudio destaca la responsabilidad de la UE y señala algunas medidas como posibles soluciones dirigidas a lograr una cadena de suministro del cacao que respete los derechos humanos y las normativas laborales, garantice el pago de precios equitativos y proteja el medio ambiente.
En definitiva, el estudio remarca la obligación para la empresas de examinar sus cadenas de suministro y evitar el cacao producido de forma ilegal o sin los estándares sociales o medioambientales adecuados, y por otro, establecer la obligación para las empresas que comercializan cacao en la UE de diseñar un sistema de debida diligencia debida dirigido a minimizar el riesgo de trabajar con cacao producido ilegalmente o de forma insostenible.
