MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
UGT ha propuesto la "revalorización automática" del ingreso mínimo vital de acuerdo, como mínimo, al Índice de Precios de Consumo (IPC) y ha pedido una "mayor ligazón" del IMV con las políticas activas de empleo, efectuando una necesaria estructuración de un sistema de acompañamiento y ayuda a los beneficiarios, combinada con una evaluación continua de los itinerarios de formación e inserción laboral, de cara a garantizar la efectividad de los mismos en relación con las personas que reciban la prestación.
Así se desprende de un informe de UGT que lleva por título 'El ingreso mínimo vital como respuesta a una pobreza estructural' y que ha sido presentado este lunes 29 de junio en rueda de prensa telemática.
"La configuración, tal y como está establecida en nuestro ordenamiento competencial, obliga a la cooperación en materia de políticas de empleo para perceptores del IMV tanto al Gobierno, que marca las políticas de empleo, como a las CCAA, algo que desde UGT hemos planteado activa e insistentemente en el proceso de consultas y que de alguna manera se refleja en el Real Decreto, pero vamos seguir insistiendo", ha indicado la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera.
Barrera ha lamentado que "la protección social por desempleo en España es deficitaria" y ha advertido de que entre "el 20% de la pobreza estructural" al que el Gobierno quiere llegar con el IMV y "el 60% de la tasa de cobertura por desempleo" hay "un margen tremendo".
Además, ha subrayado la importancia de que esta nueva prestación se "revalorice automáticamente" con el IPC para que esos casi 462 euros de renta mínima no pierdan valor con el paso del tiempo y que esa decisión de la revalorización no quede a la espera del "color" del gobierno que haya en cada momento.
"No puede quedar sometido a la depreciación que supone las constantes subidas de los índices de precio al consumo. Por tanto, planteamos la necesidad imperiosa de que el IMV tenga una revalorización automática como mínimo al IPC, algo que no ha sido recogido dentro del texto del Real Decreto Ley", ha añadido Barrera.
Desde UGT también consideran que en el Real Decreto por el que se aprueba el IMV no queda resuelta la "discriminación" para aquellos perceptores de la prestación que tienen que pagar por una vivienda, con respecto a los que no tienen que pagar por ella.
Igualmente, advierten del "peligro" de que el IMV se convierta en una renta que favorezca el mantenimiento de unos salarios reducidos o su devaluación, por lo que propone introducir las cautelas precisas en el reglamento de la norma, así como implementar políticas que combatan de raíz la precariedad.
"Dentro de esa complementariedad del IMV con un salario, vemos un grave problema, dado los bajísimos salarios y las prácticas fraudulentas que podrían llegar a darse, con un efecto de tirar hacia abajo aún más de esos salarios de manera fraudulenta", ha advertido Barrera.
HASTA CINCO REGLAMENTOS DE DESARROLLO
"Hay que tratar de seguir mejorándolo, negociar esos aspectos. Es probable que haya hasta 5 reglamentos de desarrollo del texto del Real Decreto Ley, y entendemos que tendremos que estar los sindicatos", ha enfatizado la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT.
Según el informe de UGT, el ingreso mínimo vital es "una medida muy relevante" pero "la situación estructural de la pobreza en el país exige que la extensión de la protección social vaya más allá de paliar las formas más terribles de la pobreza severa". Además, insiste en que la prestación debe ir acompañada de políticas para lograr "dos cosas absolutamente esenciales: la inclusión social y la reinserción en el empleo".
Asimismo, el sindicato señala en el documento que para que se cumplan las previsiones de que alcance a los 850.000 hogares que cumplen las condiciones será necesario que los trámites de acceso al IMV sean sencillos, superando así "las deficiencias asociadas a las numerosas trabas administrativas que presenta la red de rentas mínimas autonómicas".
A su vez, indica que se debe facilitar que todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia del contexto actual puedan finalmente acceder a esta prestación, reforzando también de forma complementaria el gasto social de otras partidas.
Según recuerda UGT, en España, en 2018, un 26,1% de la población (12 millones de personas) vivía en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social, hasta 4,3 puntos porcentuales más que la media de la UE, "una de las posiciones más altas en Europa". Si bien, advierte de que las cifras de pobreza podrían ser superiores en la actualidad debido a la "drástica" reducción de ingresos que han sufrido muchas familias en el contexto de la crisis del COVID-19.
"La pandemia ha hecho que miles de hogares se hayan visto golpeados, hayan dejado de tener rentas, pero ya existía un problema de pobreza estructural desde hace muchos años. Esta pandemia ha agudizado un problema ya preexistente en nuestro país, que por sí ya necesitaba una renta de este carácter como la que los sindicatos impulsamos hace cuatro años, que se paralizó en el Parlamento", ha señalado el coordinador del Servicio de Estudios Confederal del sindicato, Alberto del Pozo, recordando la iniciativa legislativa popular que presentaron junto a CCOO en 2016 para una Prestación de Ingresos Mínimos.
Por su parte, la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, ha destacado el hecho de que el Gobierno haya marcado un gasto de 3.000 millones de euros en el IMV, lo que supondría "doblar la partida presupuestaria" con respecto a los "1.500 millones" a los que llegaron las rentas mínimas autonómicas en 2018. También se incrementaría de 700.000 a 2,3 millones el número de personas beneficiarias por lo que sería "un gran avance", según Carrió. No obstante, también ha pedido que los recursos liberados para las CCAA a raíz de la puesta en marcha de este mínimo a nivel nacional "no se pierdan" y sean invertidos en reforzar los servicios sociales.
Aunque desde el sindicato celebran la aprobación de esta prestación, habrían deseado que hubiese sido "fruto de un debate más pausado, largo y rico" porque "las prisas no eran las más idóneas", según ha precisado Mari Carmen Barrera. También propusieron al Gobierno, según ha dicho, que en el Real Decreto no se incluyeran "cuestiones que pudieran dar lugar a recursos", como la transferencia de la gestión a País Vasco y Navarra, creando una "discriminación" con respecto al resto de comunidades autónomas. A su juicio, hubiera sido mejor plantearlo en una mesa con todas las CCAA representadas "sin agravios comparativos".
