MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)solicita medidas de protección, de reconocimiento de derechos, o la intervención de mediadores para los presos con discapacidad o enfermedad mental, que representan el 6,5 por ciento de los reclusos en cárceles españolas, según los datos de Instituciones Penitenciarias.
Así lo ha indicado el coordinador de la Red de Juristas de la Confederación FEAPS y miembro del Comité Ejecutivo del CERMI, Torcuato Recover, durante la jornada 'Las personas con discapacidad ante el nuevo proceso penal', organizada por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad. A su juicio, "hay un total y absoluto fracaso del sistema penal" en la atención a las personas con discapacidad.
Según Recover, "no es admisible" que se siga condenando a personas en situación de falta de defensa cierta y evidente, y es necesario "provocar un cambio", de acuerdo a la Convención de la ONU. Asimismo, advierte de que este colectivo de presos sufre una "doble discriminación" y afirma que es necesario incidir en la formación jurídica adecuada acerca de la discapacidad intelectual para una detección precoz y una especial atención.
Por su parte, la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz Escandell, ha expuesto que el 3 por ciento de las personas con enfermedad mental grave ha cometido un delito, un porcentaje "muy inferior al del resto de la población". Este dato lo ha aportado para negar la creencia generalizada de que las personas con enfermedad mental cometen delitos por su condición. "La realidad es que el sistema sociosanitario condena a estas personas a una sospecha perpetua o a tratamientos inadecuados", ha aseverado.
