Pajín presenta un informe que avanza la futura aprobación de reales decretos sobre la accesibilidad en los procesos electorales
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto de Ley de Adaptación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que conllevará reformar un total de once leyes para introducir cambios en áreas como empleo, sanidad, infraestructuras, protección civil o cooperación internacional.
Con la adaptación, quedará actualizada en la normativa española la definición legal de "persona con discapacidad", de forma que se considerarán en estas circunstancias aquellas personas "que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás".
En materia laboral, se aumenta el cupo de empleo público reservado a la discapacidad, que pasa del cinco al siete por ciento, con la previsión de que el dos por ciento de los empleos reservados sean ocupados por personas con discapacidad intelectual. Además, se da "un plazo de un año" para que el Gobierno adopte medidas a fin de "garantizar" que esta reserva se produce en las empresas de más de 50 trabajadores, obligadas a ello.
El proyecto contempla cambios en el régimen sancionador relativo a igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad a fin de que si una administración de servicios sociales comete una infracción muy grave, pueda conllevar la "inhabilitación definitiva" de estas actividades.
Además, en los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba; es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, como ocurre con los casos de género, conforme explica la referencia del Consejo de Ministros.
En el ámbito de Sanidad, impone que la información que reciban los pacientes deberá ser "accesible y adaptada a sus diversas capacidades" igual que la prestación de consentimiento de los pacientes con discapacidad para someterse a pruebas e intervenciones, como un trasplante.
En cuanto a las infraestructuras, todos los proyectos de interés general de transporte --carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos-- promovidos por la Administración General del Estado tendrán que incorporar una memoria de accesibilidad, para garantizar la accesibilidad universal. Además,
En este sentido, se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con particular énfasis en la contratación de seguros para que no se pueda denegar este servicio o imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.
En materia de protección civil, se regulan protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
Asimismo, se reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad como instrumento técnico de la Administración General del Estado. Este Observatorio, situado en Olivenza (Badajoz), se encarga de la recopilación de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. Con carácter anual, confeccionará un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para su conocimiento y debate.
Este proyecto es fruto del trabajo de un grupo interministerial cuyo informe fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo y que tomó forma de anteproyecto de ley el 23 de julio.
INFORME DE ACTUACIONES
Junto al Proyecto de Ley, el Gobierno ha revisado un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que resume las principales actuaciones del Ejecutivo en materia de discapacidad tanto a nivel normativo como fuera de este ámbito y en el que se avanza la preparación de varios Reales Decretos relativos a la accesibilidad de las personas que se encuentran en esta situación.
En España, de acuerdo con la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia, el nueve por ciento de la población, unos cuatro millones de personas, se encuentran en situación de discapacidad y, por tanto, "en riesgo de exclusión, en la imposibilidad de participar plenamente en la sociedad o de encontrar dificultades para ello", explica el texto del Ministerio.
En el apartado de medidas normativas, el informe destaca la accesibilidad universal que contempla la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la modificación del Código Técnico de Edificación en materia de accesibilidad y no discriminación.
En cuanto a las medidas no normativas, recuerda que España ha sido el primer país en presentar el informe de cumplimiento de la Convención de la ONU sobre discapacidad y avanza que será también el primero de los europeos en someter a examen ese informe ante la ONU el año que viene. Asimismo, destaca el III Plan de Acción de personas con discapacidad y el proyecto de Ley de adaptación aprobado este viernes.
Por último, el informe destaca que hay "otros Reales Decretos en tramitación" relativos al acceso y uso de bienes y servicios por parte de personas con discapacidad, "las condiciones básicas de accesibilidad que deben reunir los entornos, productos y servicios necesarios para la participación de estas personas en la vida política y en los procesos electorales", el acceso de los discapacitados visuales a la información de los productos y "la mejora de la coordinación entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo" en este ámbito.
