BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una de cada cinco personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID) no ve reconocido su grado de dependencia tras la valoración correspondiente, y por lo tanto no accede a las ayudas que prevé la Ley de Dependencia, según un estudio del Observatorio Dincat, organización que aúna a 300 entidades y que representa al 70% de personas con DID en Catalunya.
En rueda de prensa en Barcelona, el coordinador del Observatorio, Francesc Almacelles, ha añadido que una de cada tres personas se muestra disconforme con el grado de dependencia reconocido, y que en el 81 por ciento de los casos la discrepancia es con la herramienta de valoración, que está más orientada a factores motrices y sensoriales que a las dificultades para comunicarse o tomar decisiones.
Por ello, el director general de Dincat, Xavier Masllorens, ha reclamado que el nuevo baremo de valoración de la dependencia, revisado antes del verano, tenga más en cuenta a la opinión de los profesionales que atienden a las personas con discapacidad intelectual "para no perpetuar la situación actual".
La falta de adaptación del cuestionario de valoración al colectivo también explicaría, según la entidad, que una de cada cinco personas con discapacidad intelectual no acceda a las ayudas de la Ley de Dependencia. "El comportamiento de estas personas puede ser variable, y ello debe tenerse en cuenta en el momento de la valoración", ha ilustrado Almacelles.
Por otro lado, el 46,56% de personas que ven reconocido su grado de dependencia acceden a las mismas ayudas que recibían antes de entrar en el sistema de prestaciones de la ley, mientras que un 30,53% reciben más servicios y el 22,90% no recibían ninguna prestación o servicio con anterioridad.
En cualquier caso, Masllorens ha lamentado que la ley se centre en la vertiente asistencial y no de autonomía de las personas, y ha exido que se concrete un plan de prevención de la dependencia y servicios específicos para promover la autonomía de personas con DID a través de mejoras en ámbitos como la vivienda, el transporte.
"La inclusión de las personas con discapacidad intelectual pasa por tener una vida autónoma", ha remarcado, y ha recordado que la Ley de Dependencia beneficia sobretodo a ancianos, mientras que el 60% de personas con DID tienen entre 21 y 51 años.
En cuanto a la movilidad, la entidad ha reclamado que se adapte el transporte público ordinario a personas con discapacidad intelectual, modificando la señalización para que sea más comprensible y formando al personal para que pueda orientar y acompañar a los afectados cuando lo requieran.
Asimismo, ha pedido que se tengan en cuenta las dificultades de comprensión en el baremo de movilidad reducida, que da acceso al transporte adaptado y del que gozan tan sólo un 11,57% de personas con DID, y ha reclamado que la red de transporte permita acceder a los centros especiales de trabajo (CET), que a menudo se ubican en polígonos.
UN AÑO DE ESPERA
El tiempo medio de espera entre la solicitud de la prestación y la ejecución de las ayudas es de casi un año --358 días--, aunque el compromiso de la Administración es finalizar el trámite en un máximo de seis meses. Así se desprende del estudio, que ha encuestado a 420 usuarios de cinco entidades asociadas a Dincat.
Un 27,14% de los expedientes de los encuestados, que presentaron sus solicitudes entre 2007 y 2009, aún no se han resuelto, y un 10% de los expedientes se iniciaron entre 2007 y 2008 --en estos casos la demora se concreta en la prestación efectiva de las ayudas--.
Por todo ello, Dincat ha reclamado que se garantice el plazo de espera máximo de seis meses y que se resuelvan los expedientes iniciados en 2007 y 2008 con la máxima presteza.
