Actualizado 17/12/2013 22:43

La existencia de 70 normas diferentes causa inseguridad jurídica a los dependientes

ONCE, personas con discapacidad
Foto: ONCE

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) denuncia en un informe la inseguridad jurídica y la desigualdad territorial que para las personas en situación de dependencia supone la existencia de 70 normas jurídicas distintas, tanto autonómicas como estatales.

   Bajo el título 'Regulación de la participación económica del beneficiario del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia', el informe concluye que la falta de la obligatoriedad de la normativa común genera falta de transparencia, inseguridad jurídica y desigualdades en el colectivo de dependientes y, en concreto, de aquellos con discapacidad.

   El Sistema de Dependencia no sólo se rige por la Ley para la Autonomía Personal y Atención a la Personas en Situación de Dependencia, sino por normativas y desarrollos reglamentarios autonómicos y acuerdos en el seno del Consejo Territorial de Dependencia --integrado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad--.

   Todo ello ha provocado la existencia de unas 70 normas que se han ido publicando desde 2007, pero sin derogar o sustituir completamente a las precedentes. Esto ha incurrido una "mezcolanza" normativa que afecta directamente al administrado y familiares, que, según este documento, "no saben de forma clara a qué texto remitirse".

   Además, las diferencias entre regulaciones de las distintas comunidades autónomas determinan, según este estudio, que el contenido económico del derecho de una persona en la misma situación de dependencia varíe "sustancialmente" del territorio en que reside el beneficiario. "No existe un mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español", aseveran los autores de este informe.

   El documento pone en evidencia que aunque la Ley de Dependencia establece que nadie quedará fuera del sistema por falta de recursos suficientes y para ello pone como límite el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en la práctica algunas comunidades autónomas ha establecido valores distintos. "Existe una importante falta de homogeneidad", añaden.