MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
Jueces por la Democracia ha alertado de la disminución de la "persecución efectiva" a los delitos por violencia de género debido a los "posibles efectos negativos de la crisis económica", entre los que destacan la dificultad para hacer frente a las cargas familiares, la precariedad laboral y los recortes en prestaciones sociales y que, según ha asegurado, "tienen ya efectos constatables".
Así, las denuncias por este tipo de violencia se han reducido un 10 por ciento en el último año y un 12 por ciento de las mujeres que presentaron denuncias las retiraron antes de que el proceso se llevara a término.
Según la asociación, las cifras no se deben a un descenso del número de casos de violencia sino que han sido provocadas por la disminución de servicios de apoyo a las mujeres y menores víctimas de esta violencia. "Después de salir de un ámbito violento deben recuperarse de importantes pérdidas personales: emocionales, psicológicas y físicas, por lo que con frecuencia precisan un apoyo social especifico", según ha indicado.
"Se ha incrementado la cifra oculta de mujeres que sufre violencia y no la denuncian. Los conflictos económicos en el hogar son un factor de riesgo muy importante, un detonante más de la violencia doméstica", ha recordado la organización, que señala que, de las 26 mujeres que han fallecido en lo que va de año a manos de sus parejas, únicamente cuatro habían interpuesto una denuncia.
Por ello, ha urgido al Gobierno a que se implementen unidades de valoración del riesgo integral en todos los juzgados de violencia sobre la mujer, tal y como prevé la Ley Integral de Justicia.
Asimismo, ha recordado la necesidad de sincronizar los controles formales de los casos de este tipo de violencia con "los demás controles informales" y ha insistido en que la prevención más eficaz para evitar que se produzcan "requiere también una intervención dinámica y positiva de toda la sociedad que neutralice las raíces y causas de esta criminalidad".
En este sentido, ha criticado que en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de Educación (LOMCE) que "no esté contemplada la educación en igualdad de sexos ni la formación para la prevención y resolución de conflictos", dado que, según ha señalado, "la educación es un medio imprescindible para avanzar en la igualdad".
