CASTELLÓN, 21 Mar. (EUROPA PRESS)
Hoy comenzó en la Audicencia de Castellón el juicio por la muerte de la joven Rocío López Agredano a manos de su marido, el colombiano Jairo Alfonso C.O., en un piso de Valencia. El fiscal delegado contra la violencia sobre la Mujer solicita 20 años de prisión para el acusado por un delito de asesinato.
Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, el acusado contrajo matrimonio en octubre de 2005 con Rocío López, sin embargo, ésta ocultó dicho matrimonio a su padres, de tal forma que entre semana convivía con éstos y con su hermano en el domicilio familiar de Castellón y los fines de semana los pasaba con su marido en Valencia en diversos domicilios que fueron alquilando.
En noviembre de 2008, Rocío López comunicó a su marido su intención de poner fin al matrimonio, decisión que contrarió a éste hasta que, tras diversas llamadas telefónicas entre ambos, decidió acabar con la vida de su esposa y, posteriormente, suicidarse con una explosión de gas, para lo que ideó un plan.
Así, el acusado convenció a su esposa para que el 30 de noviembre de 2008 se trasladase desde Castellón al último domicilio que compartieron en Valencia con la excusa de ayudarle a efectuar una mudanza a otro piso. Rocío, tras comer con su familia en Castellón, se fue a Valencia convencida de que su marido le iba a ayudar a trasladar sus efectos personales a otro domicilio.
Al tener conocimiento de la salida de su esposa desde Castellón, Jairo Alfonso C.O. se dirigió a una estación de servicio donde adquirió una bombona de gas de 6 kilos y se fue a su habitación con un cuchillo de cocina. Cuando Rocío accedió a la habitación, éste se abalanzó sobre ella y le clavó el cuchillo en múltiples ocasiones, lo que le ocasionó 35 heridas y la muerte.
INTENTO DE EXPLOSIÓN
Posteriormente, el acusado abrió la espita de la bombona de gas e intentó provocar una explosión, pero, al no conseguirlo y ante la inminente llegada de la Policía, se propinó con el mismo cuchillo un corte en el cuello, aunque logró sobrevivir tras recibir asistencia médica.
El fiscal considera que concurre en este asesinato la circunstancia agravante de parentesco y solicita, además de la pena de prisión, la prohibición de que el acusado se aproxime a menos de 200 metros de los padres y el hermano de la víctima o de sus domicilios, lugares de trabajo o centros docentes y de comunicarse con ellos por un periodo de diez años.
Además, el ministerio público pide que el acusado indemnice a los padres de Rocío con 30.000 euros a cada uno y con 60.000 euros a su hermano. Por otra parte, demanda que, dadas las especialidades probatorias del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, que los hechos ocurrieron en Valencia y la necesidad de exhibir a testigos y peritos determinados documentos y piezas, se restrinja la utilización del sistema de videoconferencia.
