MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha ordenado a un juez valenciano volver a investigar una denuncia de malos tratos presentada por la presunta miembro de ETA Sara Majaneras Ibarreta, al considerar que el magistrado no analizó de forma suficiente los hechos y dejó por tanto desprotegida a la denunciante.
Majarenas fue detenida en Valencia el 17 de febrero de 2005 acusada intentar atentar contra la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá. Dos meses más tarde presentó una denuncia de malos tratos en el Juzgado número 14 de Valencia que sobreseyó la causa al considerar que la intención de la etarra era "minar la labor que día a día realizan los cuerpos de Seguridad del Estado" y vengarse de la actuación policial.
"La denuncia presentada sólo puede obedecer a intenciones e impulsos espurios", decía el juez que añadía que "debía ser atajada de raíz" ya que no obedecía a motivos "serios y acordes con la realidad".
No obstante, el alto tribunal ha considerado que esta motivación es "incompatible" con el derecho a la tutela judicial efectiva. La decisión del magistrado fue respaldada por la Audiencia Provincial de Valencia.
El TC tiene en consideración en su resolución varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre ellas una del pasado mes de septiembre en la que España fue condenada por un caso similar relativo a una denuncia por malos tratos por parte de Mikel San Argimiro Isasa.
Sara Majarenas Ibarreta fue detenida en Valencia el 17 de febrero de 2005. Sobre las 13:00 horas fue conducida al Hospital Universitario donde se le diagnosticó "mareo específico" y "posible ansiedad". Ocho horas más tarde fue reconocida por un médico forense que reflejó en su informe que la detenida no se encontraba bien y presentaba "cierta ansiedad" por su situación. "Indica que está cansada y que la han pegado en la cabeza", añadía el doctor.
Un día más tarde de su arresto la etarra fue trasladada a la Comisaría General de Información de Madrid, donde fue reconocida por el médico forense del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional los días 18, 19 y 20 de febrero.
A principios de abril la detenida interpuso una denuncia en la que relataba los malos tratos a los que había sido sometida tanto en Valencia como en dependencias policiales de Madrid. Describía en su denuncia "puñetazos en el estómago", "amenazas" y "humillaciones".
DENUNCIAS DE "SUFICIENTE GRAVEDAD"
La sentencia del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Delgado Barrio, señala que las conductas denunciadas presentan la "suficiente gravedad" como para ser consideradas lesivas del derecho a la integridad física y moral.
Para la Sala, el hecho de que Majarena careciera de signos de agresiones físicas corporales "carece de la fuerza suficiente para despejar toda sospecha, habida cuenta de que parte de los malos tratos denunciados, por sus propias características, pueden no dejar marcas o señales de comisión".
El TC considera que no se ha colmado la exigencia de una investigación "eficaz"" que impone el derecho a la integridad física y moral y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. "Tal exigencia no comporta la práctica de todas las diligencias de investigación posible o probables, pero sí que ante la existencia de una sospecha mínimamente fundada se lleven a cabo cuantas medidas sean necesarias para despejarlas", destaca la sentencia.
Recuerda que el juez valenciano no citó a declarar a la detenida para que ratificara su denuncia y que "ni siquiera" incorporó a las actuaciones sus anteriores declaraciones.
