La defensa cree que es una venganza de las reas tras haber descubierto una red que introdujo móviles y ordenadores en la prisión
MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Varias presas han relatado este lunes, en un juicio oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, cómo un funcionario de la prisión de Soto las acosaba sexualmente y, en determinados momentos, las "arrinconaba" para abusar de ellas bajo amenazas de perjudicar su situación carcelaria o la de sus familiares internos.
Sin embargo, el encausado, Miguel Ángel P.F. ha negado los hechos y ha dejado entrever que las acusaciones parten de una venganza de las reas después de que investigara y descubriera que habían introducido ordenadores y portátiles en la prisión.
La Fiscalía de Madrid solicita 42 años de prisión para un funcionario por agredir sexualmente a tres internas al menos durante los años 2007 y 2009. Se le acusa de varios delitos continuados de abuso de su función y de cuatro delitos de agresión sexual.
SUPUESTA AGRESIÓN SEXUAL
La primera de las supuestas víctimas, Francedy, ha explicado al juez que, tras una insinuación previa aludiendo al tamaño de sus pechos, el 14 de julio de 2009 entró en el economato donde trabajaba, le arrinconó contra un frigorífico y empezó a tocarle los senos y otras partes de su cuerpo, entre ellas la vagina.
Según ha relatado, tras lograr soltarse, el acusado la persiguió, la cogió por los pelos y la obligó a hacerle una felación. A continuación, le conminó a que subiera a una bodega desocupada del segundo piso para mantener relaciones sexuales completas, que finalmente no tuvieron lugar porque la mujer señaló que subió a otro sitio donde había gente trabajando.
"Me agarró por los carrillos y me dijo que no se lo dijera a nadie porque si no mi hermano preso le iba a poner en primer grado y no podría tener permisos", ha indicado Francedy, que ha aclarado que no dio consentimiento de la supuesta agresión sexual.
La presa ha manifestado que desde entonces "su vida cambió" ya que el trabajador "seguía insistiendo y lo encontraba en todos los lados". Por ello, ha continuado, entró en depresión y tuvo que ser medicada.
Semanas después, Francedy ha indicado que decidió contarlo primero a una trabajadora social y luego a la juez penitenciaria, además de interponer una denuncia. "Luego me di cuenta que otras internas habían tenido problemas del mismo tipo con él", ha añadido.
"Un día el señor P. nos pidió disculpas y que sabía que le había denunciado. Me preguntó quién me había obligado a hacerlo y le dije que nadie, que yo misma y que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Dijo que la piedra le había caído sobre su tejado", ha apuntado.
La entonces presa, ya en libertad, ha concluido que el encausado "se pasó tres pueblos" con ella, pero que peor que sentirse "ultrajada y vejada" fue la "indefensión" que sintió, ya que la cárcel "estaba dividida entre los buenos, que eran los pulcros que no consentían estas situaciones y los malos, que apoyaban a este señor".
"LE VI DOS VECES MASTURBÁNDOSE DELANTE DE NOSOTRAS"
La segunda interna en declarar, que a día de hoy está en libertad tras cumplir su condena, ha sido Diana, que ha relatado que vio a Miguel Ángel P. en varias ocasiones con los pantalones bajados y dos veces masturbándose delante de ellas.
La presunta víctima ha contado que pidió el cambio de destino del servicio de limpieza a la biblioteca para evitar su presencia y sus comentarios soeces. En una ocasión, según ha explicado, le tiró contra un armario y le exigió que se arrodillara para hacerle una felación.
La interna ha señalado que en otro momento el funcionario de prisiones le empujó los pechos y le dio una nalgada. "Son todo tocamientos por sorpresa. Cuando estaba fregando venía y de pronto me tocaba el culo o me ponía las manos en el pecho. No dijo nunca que quería violarme, sino tocarme", ha descrito.
"Me mandaba cartas intermodulares y una tarjeta el día del cumpleaños. También me dejaba en la biblioteca paquetitos con lociones y chocolates, cosa que está prohibida", ha dicho ante el juez Diana, que también ha criticado que le trataba como una "criada" pidiéndole que le hiciera zumos o bocadillos.
La mujer también ha sostenido que un domingo el funcionario requirió su presencia, pero se negó porque los festivos no tenía por qué trabajar. "Entonces, decidí denunciarle, pero cuando lo supo amenazó con putear a mi hermana, que estaba en la cárcel de Topas, si no quitaba la denuncia", ha narrado.
La tercera en declarar ante el juez ha sido Miositi, que ha contado un único caso. Según ha explicado, un día en el que estaba trabajando en la cocina, Miguel Ángel P. de repente le tocó los pechos y le pidió que se pusiera de rodillas para hacerle una felación. Ella le recriminó su actitud y se marchó.
Por último, la cuarta presa, Tina, ha expuesto un idéntico relato al anterior, también en la cocina y cuando ambos se encontraban solos. "Se puso a tocarme, me bajó los pantalones, me agarró por los pelos y me dijo que le chupara. Me tocó todo el cuerpo, también la zona de la vagina, por encima de ropa, pero me marché corriendo", ha relatado.
Tras ello Tina pidió el cambio a otra prisión porque allí tenía miedo de que la perjudicara. La enviaron a la prisión Topas donde, tras conocer los casos de otras supuestas víctimas, decidió interponer una denuncia contra el funcionario.
LA DEFENSA: "CAEN EN CONTRADICCIONES"
El acusado ha asegurado en repetidas ocasiones que "nunca" abordó a las internas que la denunciaron, ni las acosó ni las tocó ni las solicitó o agredió sexualmente. Incluso ha afirmado que a algunas de ellas ni las conocía y que a Miositi "le echó la bronca por los malos tratos verbales que daba a sus compañeras".
Asimismo, ha apuntado que no es cierto los relatos de las presas, que mienten y que "en ningún momento" acudió a solas con presas a determinados lugares. También ha indicado que no les ha dejado ni regalos ni paquetes salvo una tarjeta de cumpleaños y que no tenía las llaves para entrar al economato.
Miguel Ángel P. también ha señalado que las supuestas víctimas que pidieron el cambio de trabajo o de cárcel no lo hicieron para evitarle, sino por otras cuestiones de tipo físico o personal.
Por último, ha reprochado a la dirección de la cárcel de Soto de "haber omitido todo tipo de datos que le beneficiaban" y ha aclarado que en sus 22 años como funcionario de prisiones no ha hecho informes de los internos porque no tiene potestad para ello.
Por su parte, el abogado de la Defensa, Julio Rodríguez, ha asegurado, a las puertas de la Audiencia que las testigos caen en "contradicciones" ya que "cuentan hechos de días en los que el funcionario estaba librando o de vacaciones o de horas, como las 6 de la mañana, en las que todavía no había entrado a trabajar".
Asimismo, ha manifestado que las acusaciones parten de una venganza de las reas, que cumplían prisión por tráfico de drogas, después de que su defendido investigara y descubriera que habían introducido ordenadores y portátiles en la prisión, una trama "en las que está detrás una banda de narcotraficantes".
Por último, el letrado ha esgrimido que las denunciantes buscan una compensación económica y que el caso es un "aviso a navegantes para que otros funcionarios no se metan en problemas y miren para otro lado".
