MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Un estudio elaborado por la doctora en Derecho e investigadora del
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad
Carlos III de Madrid, Patricia Cuenca, y publicado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado que se modifique la normativa penintenciaria española con el fin de adaptarla a las exigencias de la Convención Internacional de la Discapacidad y mejorar la situación de las casi 5.000 personas reclusas con discapacidad.
Cuenca ha detallado, en un acto celebrado con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional de la Discapacidad, que este estudio, denominado 'La adaptación de la normativa española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad', analiza elmarco normativo de este tratado de la ONU sobre personas reclusas con
discapacidad, según ha informado CERMI en un comunicado.
Asimismo, ha explicado que pretende ahondar en el marco normativo español con respecto a esta materia y que concluye con una serie de recomendaciones para adaptar la legislación nacional a los mandatos de Naciones Unidas, que, según ha aseverado debe hacer alusión de manera expresa a la Convención para tratar a las personas con discapacidad como "sujetos de derecho".
Por otra parte, ha planteado la posibilidad de que exista un tratamiento diferenciado cuando la discapacidad sea "relevante", así como cuando se tengan que paliar dificultades que los reclusos con discapacidad encuentren en los centros penitenciarios, para lo que ha apuntado que se deben tener en cuenta ajustes, medidas de accesibilidad y acompañamiento.
Además, ha incidido en la importancia de reforzar las medidas para
evitar situaciones de violencia y abuso; garantizar que las personas con
discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en todas las
actividades que se lleven a cabo en los centros penitenciarios; implementar más medidas alternativas a la condena en prisión; mejorar la formación del personal de prisiones y del ámbito judicial para trabajar con las personas con discapacidad; así como reforzar las vías de
colaboración con las organizaciones de la discapacidad.
TRANSVERSALIDAD
Por su parte, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, ha destacado el cambio que supuso la inclusión de la Convención de la Discapacidad de la ONU en España, debido a que, según ha recordado, introdujo el paradigma de la transversalidad para trabajar en favor de la discapacidad desde todas las áreas.
En este sentido, ha señalado la importancia de revisar la normativa penitenciaria en favor de las casi 5.000 personas presas con discapacidad.
Asimismo, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, ha indicado que la Ley Orgánica Penitenciaria y el reglamento que la desarrolla no tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad y ha tachado de urgente una actualización para adecuarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad.
