MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las ciudades españolas han suspendido en la inclusión digital de personas con discapacidad, por lo que tienen que desarrollar políticas "más activas y eficientes" para la inclusión digital de este colectivo, implicándose en divulgar sus avances en el ámbito de la accesibilidad.
Así lo pone de manifiesto el Índice Smart, el estudio sobre 'smart cities' promovido por IdenCity y en el que participa la Fundación ONCE, que detecta la "necesidad" de promover políticas "más activas" para facilitar la participación de todos los colectivos, según ha informado la fundación.
El trabajo examina el nivel de desarrollo inteligente a partir de 110 indicadores agrupados en 17 categorías y 5 dimensiones. Siguiendo 34 referencias internacionales sobre esta temática, el estudio sitúa la calidad de vida de las personas en el centro e incluye la perspectiva de la accesibilidad de manera transversal en todas las dimensiones analizadas, bajo la premisa de que "una ciudad inteligente deberá ser accesible o no será inteligente".
Tras los resultados, los impulsores de este estudio han animado a los consistorios a reducir la brecha física y digital para crear ciudades más inclusivas en las que se facilite la participación efectiva de todos los colectivos.
Con el objetivo de que las urbes localicen nuevas oportunidades y se configuren como metrópolis plenamente inteligentes, el estudio detecta "importantes oportunidades de mejora" en el conjunto de las ciudades estudiadas en el ámbito de la accesibilidad (52 capitales de provincia españolas más la ciudad de Sant Cugat del Valls, en Barcelona), puesto que su rendimiento global "apenas alcanza el 34,64 por ciento".
Este resultado manifiesta, según los impulsores del estudio, la "necesidad de una mayor implicación política" para lograr la inclusión digital de las personas con discapacidad en las ciudades del siglo XXI.
En concreto, la brecha digital se hace patente en los servicios de 'open data' de las páginas web de los ayuntamientos, dado que los datos e información de interés para las personas con discapacidad en el conjunto de las ciudades analizadas sólo alcanza un 19 por ciento.
Como aspecto positivo, el estudio destaca que el 75 por ciento de las páginas web de los ayuntamientos identificados declara tener un nivel de accesibilidad AA (proporcionan subtítulos, audio descripciones, contraste o cambios de tamaño de texto).
Respecto a la accesibilidad en los servicios de transporte, el informe refleja que el 20 por ciento de las estaciones de tren de media y larga distancia de las capitales de provincia españolas cuentan con el servicio 'Dialoga', una herramienta que permite, entre otras funciones, la video-interpretación en lengua de signos española y que facilita que las personas sordas y con discapacidad auditiva puedan comunicarse en tiempo real con el personal de la estación.
Durante la elaboración de la primera edición del 'Índice Smart', los expertos que han participado han observado una "escasa existencia" de datos que permita evaluar en profundidad el rendimiento de las ciudades en temáticas de accesibilidad física y digital.
Por ello, han animado a que el nivel de accesibilidad de las ciudades avance y los consistorios difundan, en mayor medida, datos "fiables" sobre le desarrollo alcanzado en estos ámbitos, algo que, a su juicio, "resulta fundamental para incrementar la transparencia de cara a la ciudadanía".
El estudio concluye que la irrupción de la tecnología digital "puede ser un motivo de mejora de la inclusión social o, por el contrario, abrir nuevas brechas". En este sentido, sus impulsores defienden el "principio de accesibilidad universal" para que todas las personas puedan disfrutar de los servicios que ofrecen los municipios.
Asimismo, destaca que las localidades analizadas intentan avanzar para convertirse en ciudades inteligentes; que hay un mejor rendimiento en la dimensión de sociedad inteligente; que se puede duplicar el potencial de mejora en los próximos años; que los peores resultados están en gobernanza e infraestructuras y servicios de movilidad urbana; y que el 80% de los municipios examinados se encuentra en las fases de implicación y desarrollo.
