Publicado 12/05/2020 13:59

Directores de Servicios Sociales tienen "dudas" sobre el Ingreso Mínimo Vital aunque "no" les "suena mal"

Una mujer con mascarilla pasea por la calle, en Lugo/Galicia (España) a 3 de mayo de 2020.
Una mujer con mascarilla pasea por la calle, en Lugo/Galicia (España) a 3 de mayo de 2020. - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales considera que el Ingreso Mínimo Vital que prepara el Gobierno "no suena mal" pero precisa que "quedan por aclarar enormes campos de duda" como la forma en que se afrontará "el efecto desincentivo" sobre el empleo o el modo de evitar que las comunidades autónomas "caigan en la tentación" de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas de rentas mínimas a otras políticas.

"A falta de conocer los detalles del proyecto del Ministerio, por lo conocido hasta ahora, parece que la música no suena mal, pero queda por conocer la letra de la canción que el actual Gobierno ha prometido, quedan por aclarar enormes campos de duda", ha precisado el presidente Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

En concreto, muestra sus dudas sobre cómo se afrontará el "efecto desincentivo sobre la activación para el empleo" que "muchos estudios señalan como uno de los grandes inconvenientes de este tipo de prestaciones". En este sentido, recuerda, entre otros, el Dictamen de 2019 del Consejo Económico y Social de la Unión Europea en el sentido de que "la renta mínima decente solo puede tener sentido si se inscribe en un enfoque global de inserción y de inclusión activa".

También se pregunta cómo piensa resolver el Gobierno "el paradójicamente elevado nivel de no acceso a este tipo de prestaciones por, precisamente, las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión, el denominado 'non take off'. "Su alto nivel es una constatación afirmada por no pocos estudiosos de los sistemas de renta de otros países de la Unión y detectados también en los distintos sistemas de las comunidades autónomas en nuestro país", advierte.

Asimismo, el presidente de la Asociación se plantea "cómo se piensa evitar que las CCAA, unas más y otras menos, ante la instalación de la futura prestación no contributiva de la Seguridad Social, cayeran en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales", lo que sería, a su juicio, "un indeseable efecto perverso".

"Por esta vía, de forma indirecta se estaría produciendo un nuevo recorte en los ya insuficientes presupuestos de los departamentos autonómicos encargados de los servicios sociales y una nueva tomadura de pelo, tanto para los miles de profesionales de la intervención social, como para los miles de usuarios a los que se les viene prometiendo, con más atrevimiento que eficacia, verdaderos itinerarios individualizados de inserción", ha subrayado Ramírez.

Igualmente, cree que queda por aclarar "qué papel y qué grado de intervención espera la propuesta ministerial por parte de los Servicios Sociales en la implementación de la nueva prestación".

"Este es un factor de no poca inquietud para los profesionales del sector dado que ya tienen la triste experiencia de, después de haber celebrado con alborozo la aprobación de un nuevo derecho social subjetivo como fue la atención a la dependencia, haber cargado con las consecuencias de su implantación sin el refuerzo de sus estructuras básicas sino, por el contrario, en un contexto de recortes sociales por doquier, provocados por la crisis (entonces provocada por los bancos y ahora puede ser provocada por el virus)", ha añadido.

Según ha indicado, si las estructuras sanitarias hubieran estado "bien dotadas de personal y medios" se hubiera podido llevar a cabo una "acción preventiva y detección precoz". En este sentido, ha criticado el "postureo cínico de sorpresa de los que impulsaron su recorte".

En este contexto, ha advertido de que "el Estado de Bienestar español se volverá a pegar un tiro en el pié si no reconoce estas mismas debilidades y esas mismas potencialidades en la atención primaria de los servicios sociales frente al nuevo tsunami de desigualdad y exclusión que se viene encima por mucha renta mínima que implante y quizá, cuanto más se empeñe en implantarla sin tenerlo en cuenta".