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MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de 200 personas de distintos colectivos, profesionales y familias se reúnen este sábado 30 de marzo en Madrid en una asamblea nacional, que se celebrará en el Auditorio Marcelino Camacho, para la creación de una plataforma cívica en defensa de la educación inclusiva que permita que todos los alumnos con y sin discapacidad asistan a los mismos centros, bajo el lema 'Por una Escuela Extraordinaria'.
En declaraciones a Europa Press, Concha Lafuente, una de las organizadoras de la convocatoria, que pertenece al colectivo que llevó a la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa popular de ayuntamientos para la escolarización inclusiva de los niños y niñas con discapacidad, ha indicado que el objetivo es defender el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
"Pensamos que el tema de la inclusión está encima de la mesa, pero que no se está hablando de lo importante, que es el artículo 24 de la Convención, que dice que todos los niños y niñas tienen derecho a la misma educación, a estar juntos en espacios comunes y con los elementos necesarios", señala Lafuente, que considera necesario dar a conocer un punto de vista distinto al de los defensores del actual sistema de Educación Especial.
Conscientes de que la transformación de los centros educativos ordinarios en "escuelas extraordinarias" es un proceso que puede llevar varios años, los promotores de esta iniciativa creen que el trasvase de los alumnos de la especial es posible, si se pone en marcha un plan como el que, aseguran, ha llevado a cabo Portugal en la última década, donde "se ha pasado del 20% al 1%" los matriculados en este tipo de centros.
Lafuente admite que el sistema educativo actual, tal y como está configurado, "no está preparado" para acoger a estos alumnos con discapacidad y señala que dentro de las escuelas ordinarias se produce también una segregación de los niños y niñas con necesidades educativas especiales.
Por ello, apunta que el debate no puede reducirse al cierre o no de los centros especiales, sino orientarlo a cómo transformar la escuela ordinaria para que sea verdaderamente inclusiva. "Se necesita un plan y muchas ganas políticas", apostilla.
Preguntada por las críticas de familias y organizaciones de personas con discapacidad ante un posible cambio de sus hijos a colegios ordinarios, esta experta sostiene que "el miedo surge ante lo desconocido" y se pregunta si la reacción sería la misma si existieran centros bien dotados.
En su planteamiento de 'escuelas extraordinarias' los hijos de estas familias, según explica, "compartirían las aulas con otros niños porque todos ellos conforman la sociedad". Asimismo, añade que el derecho constitucional a la libertad de elección de las familias "no es tal" porque "a muchas les gustaría mantener a sus hijos en centros ordinarios, pero les acaban desahuciando y no tienen otra salida que la Educación Especial".
DIEZ AÑOS PARA INTEGRAR
El proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), aprobada en febrero por el Consejo de Ministros y también conocida como 'Ley Celaá', fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centro ordinarios "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". que no ha podido tramitarse en el parlamento por el adelanto electoral.
Según el texto del proyecto de ley, se establece este plazo para que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas" desarrolle "un plan para que en el plazo de diez años" logre ese objetivo de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Esta medida es una de las enmiendas aprobadas por el Consejo Escolar que el Ministerio de Educación y Formación Profesional incorporó a su reforma de la ley educativa. En concreto, fue propuesta por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Tras conocer los planes del Gobierno, la Plataforma Educación Inclusiva si, Especial también y organizaciones y familias de personas con discapacidad se manifestaron en defensa de estos centros específicos y lanzaron una campaña de recogida de firmas que cuenta ya con más de 280.000 apoyos.
