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MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Plataforma de Infancia, Adolfo Lacuesta, ha dicho este martes 8 de mayo que "hay que priorizar" la inversión en políticas públicas para la defensa y protección de los menores así como la aprobación de la Ley Integral para erradicar la violencia infantil.
En reiteradas ocasiones durante su intervención, Lacuesta ha hecho hincapié en la necesidad de dar luz verde esta norma contra la violencia infantil. Es más, ha lamentado la "falta de progreso" en la tramitación y aprobación de esta ley.
Así lo ha manifestado durante una comparecencia ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados para explicar el resultado del examen del España ante el Comité de los Derechos del Niño. Dicho comité, expresó su "seria preocupación" al Estado por la baja inversión que España realiza en protección de la infancia, que "ha sido inadecuada para paliar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008, incrementando los niveles de pobreza y desigualdad".
"Si queremos defender y promover los derechos de los niños, sin presupuestos no promoveremos nada", ha avisado el presidente de la plataforma ante la Cámara Baja.
UNA "AGENDA" POR LA INFANCIA
Lacuesta, que sostiene que el informe es "un documento muy importante estratégicamente" a "medio y largo plazo", ha pedido a los partidos y al Parlamento que trabajen en "su difusión". Asimismo, ha abogado por configurar una "agenda" para ir abordando las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño. En su opinión, estas "no deben caer en el olvido de nadie" hasta que se realicen las siguientes en el año 2023.
Según ha detallado, la comisión internacional ve "seis temas urgentes" en España --"que no tienen por qué ser las más importantes", ha añadido-- y pide al Ejecutivo abordarlas. Entre otras cuestiones, reclama que adopte una perspectiva de infancia en la elaboración de los presupuestos públicos y especificar las asignaciones concretas, así como hacer evaluaciones de impacto de las medidas jurídicas y normativas adoptadas.
Asimismo, desde Naciones Unidas indican que España debe "reformar" algunas medidas para combatir discriminación en la infancia y asegurar su aplicación en las leyes, y garantizar el acceso de todos los menores a una enseñanza "de calidad".
