MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Podemos ha solicitado formalmente este viernes a la Junta Electoral Central (JEC) que elimine la instrucción que permite a apoderados e inspectores de los partidos registrar el DNI de aquellos votantes con discapacidad que ellos crean que no ejercen su derecho a voto de consciente, libre y voluntariamente.
La diputada 'morada' Teresa Arévalo, ha elevado una reclamación a la JEC en la que cuestionan este texto que, a su juicio, resulta discriminatorio y estigmatizante, y por tanto, contrario a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado.
Se trata de una instrucción que la JEC hizo pública esta semana, con las directrices para garantizar el buen cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), recientemente modificada en lo relativo al voto de personas con discapacidad.
Tras una modificación en el Parlamento, más de 100.000 personas con discapacidad intelectual van a poder ejercer por primera vez este 28 de abril su derecho al voto, que hasta ahora tenían retirado por mandato judicial.
La instrucción recoge en uno de sus puntos que los miembros de las mesas electorales, y también los interventores y apoderados de los partidos, pueden apuntar en las actas los DNI de aquellas personas con discapacidad que, a su juicio, no estén ejerciendo el voto de manera consciente, libre y voluntaria.
PROBLEMAS POR UNA ENMIENDA DEL PP
Los de Pablo Iglesias quieren saber cómo piensan medir los interventores y apoderados la consciencia, la libertad y la voluntad de los votantes con discapacidad y por qué la JEC elabora una instrucción dirigida a este colectivo con estos mimbres. "¿Existen instrucciones similares para el resto de la ciudadanía?", es una de las preguntas que Podemos plantea en el escrito registrado, recogido por Europa Press.
Arévalo explicó, tras conocer esta situación, que su partido ya había advertido de posibles problemas de este tipo porque la reforma de la LOREG se aprobó con una enmienda del PP que, a su juicio, "descafeinó" el contenido.
El cambio que introdujeron los 'populares', durante la tramitación del texto en el Senado, incluía, precisamente, los términos "consciente, libre y voluntariamente" en la ley, unos adjetivos que, para la diputada suponen "condiciones" para estas personas y que su derecho quede "supeditado" a que alguien decida sobre su voluntad. "Esto supone que la reforma no sea garantista y provoque inseguridad jurídica", ha concluido.
