MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha marcado la dependencia como una de sus prioridades en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, con el objetivo de recuperar, según ha destacado, los recortes que en esta materia a llevado el PP desde su llegada al Gobierno, en 2012.
Así lo ha asegurado la secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo de los socialistas, Luisa Carcedo, que, junto al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, los secretarios adjuntos Pere Joan Pons y Meritxell Batet, así como varios miembros de las Comisiones de Servicios Sociales del Congreso y Senado, ha mantenido una reunión en el Congreso con representantes de la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia.
Las intenciones de este encuentro eran analizar la situación del Sistema Nacional de Dependencia y del desarrollo de la ley, destacando como temas más preocupantes "los copagos, el abandono de la financiación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, la necesidad de reforzar los cuidados en el entorno familiar y la protección de los menores dependientes, o la revisión de los baremos y de la cartera de servicios", entre otros.
Tras la reunión, Carcedo ha asegurado que la dependencia debe ser tenida en cuenta, también, en el sistema de financiación autonómica", dado que "las comunidades autónomas están aportando actualmente más del 80 por ciento, frente al escaso 18 por ciento de la Administración General del Estado".
GARANTIZAR UN ESFUERZO EQUITATIVO ESTADO-CC.AA
La dirigente socialista ha reclamado la necesidad de "dotar al sistema de los recursos necesarios mediante una financiación finalista" y que "garantice un esfuerzo equitativo entre Estado y comunidades autónomas".
Además, ha criticado que el incremento de en torno a un 5 por ciento de las ayudas a las personas con dependencia acordado recientemente por el Consejo de Ministros, "es insuficiente para revertir los recortes que el Gobierno del PP ha infligido al sistema desde 2012". En su opinión, se trata de "un parche que no soluciona la deuda del Gobierno con las personas en situación de dependencia y con las comunidades autónomas, sobre las que ha hecho recaer todo el peso del sistema".
