MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha recordado que la labor de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) es recordar al órgano autonómico competente la "posibilidad sancionadora" sobre la supuesta discriminación de niños en campamentos de verano.
La Dirección General de Políticas de Discapacidad, según han informado fuentes del Ministerio a Europa Press, sigue "de cerca" todos los casos de supuesta discriminación que sufren las personas por razón de su discapacidad.
"En algunos de ellos, los propios afectados formulan la denuncia directamente a la OADIS dependiente de esta Dirección. La OADIS abre el correspondiente expediente analizando la denuncia, advirtiendo al infractor del incumplimiento, proponiéndole soluciones para subsanarlo o en su caso iniciar el proceso sancionador, siempre y cuando se trata de una materia de competencia estatal", ha explicado la institución.
En el caso de los incidentes en campamentos de verano, el Ministerio recuerda que las competencias recaen en las comunidades autónomas y que la labor de OADIS es informar al órgano autonómico competente sobre la supuesta discriminación, recordándole la posibilidad sancionadora.
El primero de los casos, que está siendo investigado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ocurrió el pasado fin de semana cuando una niña de once años con una discapacidad asociada a un retraso madurativo fue expulsada de un campamento de verano en Aldeaduero (Salamanca).
Por otro lado, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha abierto un expediente informativo para investigar si hubo negligencia por parte de los técnicos municipales en la presunta expulsión de un niño de seis años con Trastorno Espectro Autista (TEA) de la Escuela Polideportiva municipal.
El Defensor del Pueblo en funciones ha solicitado información a la Consejería de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de Madrid por la presunta discriminación de la niña de once años, mientras que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Madrid para que abra una investigación con el objetivo de dilucidar si los hechos pueden ser constitutivos de una vulneración de los derechos fundamentales.
