MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las ONG de infancia han apuntado que la aprobación del anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia es "un gran avance" y una "oportunidad" para mejorar la protección de los menores, pero han reclamado de nuevo rapidez para que sea aprobada definitivamente y han pedido a los grupos políticos que "no ralenticen" la tramitación parlamentaria.
Save the Children ha instado al Gobierno a que presente la ley en Cortes Generales en febrero de 2019, al tiempo que ha demandado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que "la tramiten con urgencia y antepongan el bienestar de niños y niñas a diferencias políticas o intereses partidistas". Desde la Fundación ANAR también ha reclamado que le den el rango urgencia a esta norma.
En declaraciones a Europa Press, la especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español, Almudena Olaguibel, ha señalado que existe "voluntad política" de que esta ley vea la luz, pero también han expresado su preocupación porque su aprobación definitiva "se ralentice" por motivos políticos e ideológicos.
En este sentido, desde Plan International han urgido a que su tramitación "sea lo más rápida posible para que la protección de la infancia frente a la violencia sea pronto una realidad".
"GRAN AVANCE" PARA LOS MENORES
Para Save the Children, el anteproyecto normativo "supone un gran avance en el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos merecedores de una especial protección". Concretamente, ve "muy positivo" la puesta en marcha de una estrategia integral para erradicar la violencia. "El enfoque integral y la pluralidad de medidas en todos los ámbitos de la vida de los menores es muy positivo", han señalado desde la ONG.
Aunque el texto es "positivo", la ONG ha lamentado que el Gobierno no haya incluido la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia. "Es esencial que la administración de justicia cuente con jueces y fiscales especializados en la materia, y con juzgados específicos, como sucede en los casos de violencia de género", ha argumentado.
No obstante, ha hecho hincapié en que se incluye la obligación de practicar la prueba preconstituida a los menores de 14 años víctimas de violencia, aunque "lo idóneo hubiese" aplicarlo a todos los menores de 16 años. En la práctica, según han explicado desde Save the Children, esto evita que el menor "tenga que revivir varias veces el trauma al repetir su testimonio, ya que garantiza que la víctima sólo tenga que declarar una única vez en dependencias judiciales".
MÁS TIEMPO PARA DENUNCIAR ABUSOS A MENORES
La ONG ha saludado la ampliación del plazo de prescripción en los delitos de abusos sexuales a menores y otros delitos graves, aunque ha recordado que la propuesta de las organizaciones y expertos era que empezara a contar desde que la víctima cumple 50 años, en vez de los 30 que ha propuesto el Gobierno en el texto.
Las distintas ONG de infancia consideran que, en la práctica, las medidas contempladas en el anteproyecto ayudará a que las víctimas de delitos como los abusos sexuales puedan conseguir justicia. Por lo general, se han mostrado satisfechas porque, en principio, parece que el texto recoge muchas de las peticiones de organizaciones y expertos que elaboraron un borrador de la ley.
En declaraciones a Europa Press, la especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español, Almudena Olaguibel, ve "una buena noticia" la ampliación de este plazo y cree que será "suficiente para que haya justicia". "Todos los expertos coincidimos en que una persona que ha sufrido abusos necesita tiempo para procesarlo y poder contarlo", ha manifestado.
Tal y como está la legislación ahora comienza a contar cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. De acuerdo a los expertos consultados, en muchas ocasiones el delito quedaba "impune" a pesar de que los hechos quedaran probados precisamente por el plazo de prescripción.
LA NORMA "MÁS AMBICIOSA"
Desde Plan International dan defendido que esta es "una norma clave" para garantizar el derecho de los niños y niñas a vivir libres de violencia y que puede convertirse "en la más ambiciosa" de los países del entorno. "Este anteproyecto de ley consolidará la consideración de los niños y las niñas como sujetos de derechos fundamentales y esperamos que se pueda seguir mejorando el texto normativo para abordar debidamente las formas específicas de violencia que sufren las niñas y adolescentes por su género y su edad", ha afirmado la directora general de Plan International, Concha López.
La fundación ANAR también ha manifestado su satisfacción por el anteproyecto que, a su juicio, sirve para "visibilizar, apoyar, proteger y fomentar políticas de prevención que eviten este tipo de tragedias". "A pesar de su gravedad, la violencia padecida en la infancia y adolescencia es invisible, pasa desapercibida y es normalizada. Los menores de edad no se atreven a contarlo, sienten miedo y se encuentran solos", ha afirmado el director de Programas de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros.
Entre otras medidas, las ONG han celebrado que se refuerce la obligación de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de que un menor está siendo objeto de abusos o violencia. También coinciden al destacar las medidas relativas a los delitos por internet porque se da respuesta a una realidad que hasta ahora carecía de regulación específica y podía suponer una impunidad ante la comisión de ciertos delitos.
