El Ayuntamiento constata que otros 'sin papeles' acuden a los servicios sociales por "efecto llamada"
BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Comisionado de Inmigración y Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Esteve, ha asegurado este miércoles que trabajadores del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (Cuesb) del consistorio han ofrecido una pensión de forma provisional a 68 personas durante el desalojamiento este mismo miércoles por la mañana de la nave del número 127 de la calle Puigcerdà, en el Poblenou.
En declaraciones a los medios, ha asegurado que se les ha ofrecido la dirección de una pensión con convenio con el Ayuntamiento, vales de alimentación para los comedores sociales y una cita para realizar una entrevista personalizada con el Servicio de Atención a Inmigrantes Extranjeros y Refugiados (Saier) o el Centro Integral de Servicios (Cis), y ha reiterado que el consistorio garantiza un techo y un programa de inserción laboral a cualquier asentado.
Esteve ha negado que se esté ofreciendo alojamiento a estas personas hasta una fecha límite determinada, ya que se les garantiza techo "el tiempo que haga falta" y siempre que no tengan otra alternativa que no sea dormir en la calle.
Varios de los desalojados de la nave de Puigcerdà y miembros de la Asamblea Solidaria contra los Desalojos han asegurado a Europa Press que el alojamiento que el Cuesb ha ofrecido este miércoles es sólo para 8 días.
Ha valorado que el desalojo ha sido "absolutamente pacífico" y que el consistorio ha prestado atención mediante 23 trabajadores del Cuesb divididos en cuatro equipos, mientras que también ha intervenido Cruz Roja --que presta atención humanitaria en la nave desde enero--; la Asamblea Solidaria contra los Desalojos ha criticado que los trabajadores sociales hayan llegado más tarde que la brigada móvil de los Mossos d'Esquadra.
Haciendo balance de los resultados del Plan de Asentamientos Irregulares, Esteve ha asegurado que desde enero hasta este martes --últimos datos registrados-- se han atendido a 497 personas de toda la ciudad, de las cuales 169 han sido alojadas provisionalmente en pisos, pensiones o centros municipales de primera acogida (CPA) --82 todavía lo estaban este martes por la noche--, 45 han recibido formación laboral, seis han sido retornadas a su país de origen y el resto han recibido apoyo en la tramitación de tarjetas sanitarias y en el empadronamiento.
En el caso de la nave de Puigcerdà, ha dicho que desde enero hasta este martes han sido atendidas 441 personas, 137 alojadas, 31 derivadas a planes de inserción laboral y tres han vuelto a su país de origen; este martes por la noche 62 personas que provenían de la nave han dormido en un alojamiento municipal --la Asamblea Solidario contra los Desalojos sólo "contabiliza 15"--.
En cuanto a la agilización del proceso de arraigo de los asentados para que aquellos en situación irregular --la mitad en el caso del centenar que vivían en Puigcerdà-- puedan acceder a un permiso de residencia --un compromiso del Ayuntamiento, Govern y Gobierno--, Esteve ha recordado que "quien acaba validando" los permisos de residencia es la Subdelegación del Gobierno.
En este sentido, ha cifrado que una única persona se ha dirigido al Ayuntamiento para tramitar el informe de arraigo --que sí es competencia del consistorio-- desde que el alcalde, Xavier Trias, se comprometió a agilizar el proceso el 9 de julio, y lo ha atribuido a la dificultad que tienen estas personas para conseguir los certificados penales de su país de origen, un requisito que establece la ley de extranjería.
En cuanto a las pertenencias que los habitantes de la nave de la calle Puigcerdà no han podido llevarse, Esteve ha asegurado que, como establece la sentencia judicial que fijó el desalojo, serán guardadas por el consistorio, concretamente en un almacén de Sant Andreu de la Barca, y que el traslado irá a cargo de las arcas municipales, pero ha descartado que el Ayuntamiento pueda guardarles la chatarra --su recogida es la actividad con la que subsisten la mayoría de asentados--.
EFECTO LLAMADA Y TENSIÓN
Tras el desalojo de la nave de Puigcerdà, se han podido ver a mujeres con niños que eran atendidas por los servicios sociales municipales; Esteve ha asegurado que muchas son nigerianas, no habitaban la nave y algunas ni siquiera en la ciudad, y que se las derivará a la oficina central del Cuesb y que demuestra que se ha producido un 'efecto llamada' a inmigrantes en situación irregular, ya que "ha corrido el rumor de que podrían ser regularizados en 24 horas" --del 19 al 23 de julio hubo 116 citas en el Saier, y sólo 40 personas aceptaron un alojamiento--.
También ha habido algún enfrentamiento verbal entre un reducido grupo de vecinos de la zona y asentados que acababan de salir de la nave, y un hombre se ha quejado de que los ocupantes le habían pinchado la luz provocando pérdidas a su empresa.
En cuanto a los representantes de ICV-EUiA y ERC que han participado en la concentración de apoyo a los desalojados, los ecosocialistas Joan Herrera, David Campanyon y Ricard Gomà y el republicano Joan Tardà, un grupo de jóvenes miembros de la agrupación Arran del Poblenou, que también apoyaban a los asentados, les han reprochado el papel de sus formaciones, relacionando el fenómeno de los asentamientos con el plan urbanístico del 22@.
