MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
Varias organizaciones han criticado que la Delegación de Gobierno en Madrid está creando un "caldo de cultivo para la exclusión y discriminación", lo que justifica los desalojos forzosos de gitanos rumanos del poblado chabolista de El Gallinero en la Cañada Real Galiana.
En un comunicado comunicado, firmado por la Asociación Apoyo. C. P. San Carlos Borromeo, la Asociación Juvenil el Gallo de Santo Domingo, la Fundación Imaginario Social Proyecto Nido y la Asociación Madres Unidas Contra la Droga, han denunciado que "por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid se está creando el caldo de cultivo para la exclusión y discriminación que justifica socialmente la existencia de políticas de desalojos forzosos y expulsiones masivas sobre esta etnia".
Los colectivos firmantes indican que en El Gallinero viven más "de 600 personas, de las cuales 350 son menores, la mayor parte de ellos niños muy pequeños, que no tienen relación alguna con el robo o hurto del cable o ilícito penal alguno".
"De los 600 habitantes del poblado han sido detenidas 18 personas, el resto de los detenidos no viven en el poblado ni tienen relación alguna con él", indican los firmantes respecto de la última operación policial que se ha llevado a cabo en la zona.
"Advertimos, por lo tanto, del riesgo real y constatado de criminalizar a toda la población de El Gallinero y no a los presuntos autores del delito", señalan y piden "no abundar en esta criminalización de una población especialmente vulnerable por su condición de minoría étnica migrante y la pobreza en que viven".
A su juicio, es preciso reflexionar sobre el hecho de que, habiéndose desarrollado la operación policial 'Chispa' en cinco puntos geográficos distintos, todas las imágenes de los medios de comunicación son de este poblado y todos los detenidos expuestos a los medios de comunicación son habitantes del mismo, lo que pone el foco mediático sobre el asentamiento".
"Creemos que es preciso que desde todas las instancias implicadas --autoridad judicial, cuerpos de seguridad, medios de comunicación, agentes sociales, etc.-- se analice en profundidad las
implicaciones de esta actividad delictiva, la sustracción y tráfico ilícito del metal para evitar restringir la acción a la penalización de los últimos miembros de la cadena del delito con el riesgo de dejar impunes a quienes mueven el negocio de cobre ilícito y se lucran con él", ha señalado.
Según apuntan, desde el 25 de octubre hasta la actualidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado distintas intervenciones que abarcan desde demoliciones sin autorización judicial hasta redadas masivas de identificación y uso explícito de la violencia, que han sido denunciadas en el Juzgado de Guardia".
"En todas estas actuaciones la Policía Nacional ha impedido siempre la entrada a los medios de comunicación al poblado y cuando los medios gráficos han conseguido entrar, la policía ha identificado a los fotógrafos actuantes o ha entorpecido su actuación, llegando el pasado 22 de noviembre a obligar a una fotógrafa de un medio a extranjero a borrar las imágenes de su cámara", señalan los firmantes.
Por ello, denuncian el "doble rasero de la Policía a la hora de permitir la presencia de los medios de comunicación en el poblado, porque precisamente vuestra presencia constituye a veces el único medio de prueba y denuncia de las injusticias sociales".
Tras decir que no ponen en duda la necesaria actuación de la Policía, destacan su "preocupación" por cómo se está forjando en el imaginario social una creciente animadversión hacia el colectivo
gitano rumano de la que se hacen especialmente victimas los niños y niñas romanís".
