MADRID/CEUTA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La red Migreurop ha abierto este martes la vía administrativa en busca de responsabilidades por la muerte de 15 personas que intentaban llegar a nado a la playa ceutí de El Tarajal el pasado 6 de febrero, registrando un escrito en la Delegación del Gobierno en Ceuta en el que piden a la Administración el cese de las devoluciones sobre la marcha de inmigrantes.
Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la APDHA, Carlos Arce, las organizaciones exponen en el escrito que tienen conocimiento de la práctica ilegal de 'devolver en caliente' a los inmigrantes según alcanzan el territorio de la ciudad autónoma, como se hizo con los que llegaron a la playa aquel 6 de febrero, y solicitan el cese de estas actuaciones.
Si la respuesta de la administración no es favorable, las entidades de Migreurop, entre las que se encuentran CEAR, Andalucía Acoge, SOS Racismo y Elín, recurrirán hasta agotar la vía y llevar este asunto hasta los tribunales de lo contencioso administrativo.
"Aquí hay dos ámbitos de batalla jurídica: la penal, para dirimir las responsabilidades del hecho concreto que una actuación policial haya podido generar directa o indirectamente 15 muertes, y la administrativa, porque no es menos grave la cultura de la ilegalidad que se ha generalizado en Ceuta y Melilla", ha señalado Arce.
Para las entidades "esas quince muertes son fruto también de esa cultura de la ilegalidad que tanto el ministro del Interior como la Guardia Civil han reconocido abiertamente" y que suponen la expulsión de quienes acaban de llegar a España sin identificarles ni aplicarles ninguno de los protocolos establecidos por la Ley de Extranjería.
Esta segunda "batalla" se llevará en paralelo a la penal y por la que Migreurop se ha personado como acusación popular ante el Juzgado número 6 de Ceuta, que instruye las diligencias y que ha fijado, conforme marca la legislación procesal, una fianza a cada una de las organizaciones que participan. En este caso, ha decidido que aporten 1.500 euros cada una.
Para CEAR, esta decisión se enmarca en la normalidad procesal y la cantidad fijada, dado que es fianza, no supondrá un coste financiero para las organizaciones. No obstante, en APDHA están analizando el modo de actuar y aún no saben si recurrirán directamente para tratar de evitar el pago o si articularán alguna otra medida para paliar la repercusión económica sobre la entidad. En todo caso, ambas insisten en que seguirán adelante en el proceso.
En la actualidad, el caso sigue en fase de instrucción. La titular del juzgado ha acordado pedir una Comisión Rogatoria a Marruecos para conocer oficialmente si en el país vecino se ha incoado algún procedimiento judicial por las muertes y acceder a las autopsias practicadas a los 10 cadáveres que fueron recuperados en territorio del Reino alauí. Aún no ha recibido respuesta.
Asimismo, ha pedido al Ministerio del Interior que le facilite los protocolos que amparan las denominadas 'devoluciones en caliente' de inmigrantes y los que regulan el uso de material antidisturbios para la represión de los intentos de llegada de inmigrantes, como las pelotas de goma o los botes de humo que los agentes de la Benemérita usaron aquel 6 de febrero en El Tarajal.
