La Alta Institución alerta sobre el uso de las pruebas óseas como único método para determinar la edad del extranjero
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que establezca un marco común de actuación para la identificación, documentación, repatriación y el traslado desde Canarias hasta la Península de los menores inmigrantes que se encuentran desamparados en España, por la "disparidad de criterios" que ha encontrado en estas prácticas en función de las regiones y las administraciones competentes en cada caso.
Así lo recoge el informe anual de la institución, que recibió más de 1.500 quejas en materia de extranjería el año pasado y que dedica un capítulo específico a los menores no acompañados en el que explica que "cada vez son más habituales las quejas" de niños que han pasado por la tutela de varias comunidades autónomas" por las "nefastas consecuencias" que pueden tener para ellos algunos problemas administrativos.
En este sentido, destaca "problemas para los menores que llegaron a Madrid" trasladados desde Canarias cuando intentaban renovar una autorización de residencia expedida en las islas, y explica que se han dado desde situaciones de "no contestación de la Administración" hasta denegaciones de la renovación, por lo que el Defensor ha formulado un recordatorio de deberes legales a la Delegación del Gobierno en la región indicando "los preceptos vulnerados".
Respecto a las repatriaciones de menores, el Defensor relata que las quejas sobre este asunto "no han decrecido" y apunta que en 2009 "no se ha producido ningún avance en la aprobación de un protocolo general" sobre este asunto que anunció en 2008 la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, así como "continúa sin resolverse la eficacia de las garantías en el procedimiento" sobre el derecho de audiencia del menor.
"Otro asunto del que no se han registrado avances es el cambio de la práctica seguida en Madrid, de privar a los menores tutelados de su pasaporte desde el inicio de la tramitación del procedimiento de repatriación", y las razones alegadas por la Delegación del Gobierno y la entidad de protección "no resultan adecuadas", concluye el informe.
CARENCIAS EN EL REGISTRO DE MENORES
En materia de identificación, el informe recoge un "aumento sustancial" de las quejas relativas a las pruebas que las administraciones practican para determinar la edad de los inmigrantes que llegan clandestinamente, asunto que "preocupa" al Defensor porque "son utilizadas cada vez con más frecuencia, constituyendo en muchas ocasiones, el único criterio", aunque el chico en cuestión tenga documentación de su país que lo acredite. "Es una prueba médica con amplios márgenes de error", explica.
La Alta Institución acusa asimismo "serios déficits en la coordinación de las actuaciones y en el examen de los datos disponibles en diversas bases policiales" que han llevado a someter a la misma persona a dos pruebas idénticas de determinación de edad que han acabado con resultados contradictorios, por lo que ha pedido a la Fiscalía que colabore para que el Registro de Menores Inmigrantes no Acompañados (MENA) "alcance un grado de operatividad que lo evite" ya que su implantación tiene "notables carencias".
En cuanto a la documentación de la residencia legal de estos menores, el informe dice que persisten "problemas" y una "grave disparidad de prácticas" que ha motivado "numerosas actuaciones" del Defensor, ante las "grave consecuencias que la incorrecta aplicación de la normativa ocasiona", como que al cumplir los 18, los inmigrantes antes tutelados acaben convertidos en 'irregulares'.
DOCUMENTAR A LOS MENORES INMIGRANTES
El Defensor envió una sugerencia a la Delegación del Gobierno en Madrid porque tardó más de 9 meses en regularizar a un menor que la Comunidad tenía bajo tutela, y sendos recordatorios de deberes legales a las entidades de protección de menores en Asturias y Melilla para que "no descuiden su obligación de instar cuanto antes la documentación de sus tutelados".
El informe detalla la respuesta que sobre estas cuestiones recibió de la Dirección General de Inmigración, según la cual, deben respetarse los plazos previstos en la normativa "sin que quepa" expedir permisos de residencia para menores que tengan duración inferior a un año, ni se pueda fijar como fecha de vencimiento de los mismos la mayoría de edad del joven.
Por último, sobre los menores inmigrantes internados, el informe explica que se mantiene abierta la investigación sobre el centro de Fuerte de la Purísima, en Melilla, por las "deficiencias observadas" en el centro y porque "no se encontraban escolarizados los menores de 16 años", asuntos sobre los que el Defensor, no ha recibido explicaciones. Además, "siguen sin aclararse suficientemente las denuncias de malos tratos de los menores", señala la Alta Institución.
