VALENCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un agente de policía acusado de agredir a cinco menores argelinos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia) en 2012 ha negado ante el juez los hechos que se le atribuyen, según ha informado en un comunicado la Campaña por el Cierre de los CIE.
El agente estaba citado este lunes para declarar como imputado por un presunto delito de agresiones ante el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, y durante su comparecencia ha rechazado contestar a las preguntas de la letrada de los denunciantes.
Sin embargo, esta abogada ha formulado sus preguntas y ha cuestionado cómo es posible que no se detectara ninguna incidencia y, después, cinco personas denunciaran agresiones, "constatadas por informes médicos", y ha preguntado por qué se adelantaron las expulsiones de los internos a su país de origen.
Por otra parte, las mismas fuentes han informado de que el juzgado tiene pendiente pronunciarse sobre otras diligencias de investigación, como el reconocimiento del imputado por parte de las víctimas.
En un principio, el juzgado archivó el caso y las víctimas fueron expulsadas sin que se les tomara declaración pero, más adelante, la Audiencia de Valencia admitió un recurso de apelación de las víctimas al considerar que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de torturas del artículo 174 del Código Penal, y ordenó al juzgado reabrir el caso y practicar diligencias de investigación, han señalado las mismas fuentes.
Desde la Campaña por el Cierre de los CIE valoran la actuación del juzgado después de que la Audiencia ordenara la reapertura, así como la decisión de continuar investigando los hechos denunciados y a los autores de las presuntas agresiones. Además, reclama que cuando se produzcan denuncias "tan graves", se paralicen las expulsiones de las víctimas y los testigos hasta que se esclarezcan los hechos.
Por último, desde CIE's No siguen exigiendo el cierre de estos centros "cuya mera existencia vulnera los derechos humanos, así como el fin de la represión que viven las personas migrantes en el estado español en situación irregular que, por esta falta administrativa, equivalente a una multa de tráfico, pueden acabar encerradas en estos espacios de la vergüenza", han advertido.
