MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, denunció hoy "el disparate" que a su juicio ha cometido la Generalitat de Cataluña al aprobar la Ley de Acogida, por entender que "rezuma castellanofobia", "usurpa competencias del Estado", ya que el Gobierno aún no ha fijado en el Reglamento de Extranjería los criterios para que la administraciones puedan informar sobre la integración de los extranjeros.
En declaraciones a Europa Press, Hernando señaló la "política de hechos consumados" que practica la Generalitat al desarrollar competencias atribuidas por el Estatuto de Cataluña cuando el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre su compatibilidad con la Carta Magna, "que atribuye claramente las competencias de extranjería, asilo, inmigración y emigración" al Estado.
"La mayoría de las comunidades autónomas están exigiendo que se determine claramente en qué han de consistir estos informes y lo que no quiere ninguna comunidad es que el Gobierno le cargue con nuevas obligaciones cuando por otro lado, está reduciendo los presupuestos para la integración", señaló el diputado, para quien se ha producido "un contrasentido por un motivo ideológico".
Asimismo, Hernando criticó la "castellanofobia que rezuma todo el texto de la Ley de Acogida" por entender que la norma "olvida que el Castellano es lengua oficial también en Cataluña", de modo que los inmigrantes que aprendan el catalán "tendrán luego dificultades para encontrar empleo en otras zonas del país" cuando la movilidad es "una de las cualidades que les facilita la empleabilidad".
"Va a provocar además un importante coste a la administración catalana y a sus ciudadanos, que van a tener que dedicar numerosos recursos económicos para todo lo que preve la ley en cuanto a informes, cursos de idiomas y demás", señaló Hernando, para recordar que en la región vive "algo más de un millón de inmigrantes legales a los que hay que sumar otros 80.000 que se estima son irregulares". "Es una imprudencia", señaló.
Por todo ello, considera que el Gobierno debería presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma y apunta que la Generalitat, "en vez de dedicarse a usurpar competencias que corresponden al Estado, trabajar en crear condiciones en Cataluña para generar empleo para los catalanes y también los extranjeros que desean vivir allí porque en los últimos años lo único que se ha producido en la comunidad es un continuo y constante incremento del desempleo".
