MURCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, han admitido la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas e insta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y a las Cortes Generales a que asuman el compromiso de compensar dicha pérdida en el momento en que se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, según han informado fuentes de USO en un comunicado.
En concreto, la Federación de Jubilados y Pensionistas de la USO de la Región Murciana (AJUPE-USO), ha dado a conocer la resolución del Defensor del Pueblo como consecuencia del recurso de queja presentado por USO Regional el 9 de enero de 2013, instándola a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 28/2012 de medidas de consolidación y garantías del sistema de la Seguridad Social.
USO recuerda que dicho Decreto-Ley convalidado por el Congreso de los Diputados a través de su mayoría absoluta, dejaba sin efecto la actualización de pensiones, tanto del 2012, como las del 2013 por desviación del IPC.
Asimismo, recuerda que en enero del 2012 se subió a cuenta las pensiones en un uno por ciento, y el IPC terminó el año en 2,9 por ciento y al no aplicar la actualización los pensionistas han perdido un 1,9 por ciento, "aparte de copagos, repagos, tripagos y recortes en la dependencia, entre otras cosas".
USO basaba su recurso, en la contradicción con el artículo 9 del Texto Constitucional que proclama la irretroactividad de las Leyes y el principio de los Derechos adquiridos, ya que estos empezaron a generarse con el primer dato del IPC del año.
También se basó en el artículo 50 que dispone que "los poderes públicos garantizaran mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos", así como el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece la actualización anual por desviación del IPC".
Asimismo, se basó en la carta de la Ministra Bañez, dirigida a los nueve millones de pensionistas en enero del 2012, en la que se comprometía a la "actualización de las Pensiones por su desviación inicial de los precios".
Con fecha de salida 1-3-2013, la Defensora del Pueblo se dirige a la USO, en la cual se inhibe de presentar el recurso de inconstitucionalidad, no rebatiendo los argumentos jurídicos y legales de la USO, sino por el hecho de que el pasado 26 de febrero, siete fuerzas políticas con representación parlamentaria, presentaban en el Registro del Tribunal Constitucional directamente el recurso de inconstitucionalidad.
Y aduce la Defensora del Pueblo "que es criterio de esta Institución no ejercitar la legitimación que le confiere el artículo 162 de la Constitución Española, cuando la acción sea iniciada por otros sujetos legitimados para ello, no resultando imprescindible la acción de esta Institución".
