SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Atención Psicológica a Hijos de Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha atendido durante el primer semestre del año a un total de 606 menores, cifra equivalente al 83 por ciento del número de menores atendidos durante todo el ejercicio anterior.
Según los datos difundidos este lunes por la Consejería de la Presidencia e Igualdad en un comunicado, el servicio que se presta desde 2009 a través de la asociación Amuvi ha realizado de enero a junio 2.560 sesiones de terapia individual con los menores, así como 429 sesiones de terapia familiar y 1.201 consultas de asesoramiento a las 435 madres atendidas.
El programa tiene como objetivo mejorar el bienestar psicosocial y atender las necesidades socioeducativas de los hijos, de entre 6 y 17 años, de las mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja, y que son también víctimas directas. En concreto, el servicio pretende aumentar la autoestima, resolver conflictos psicológicos derivados de su situación, potenciar actitudes y comportamientos empáticos, así como eliminar los estereotipos y prejuicios de género.
Con respecto a las madres, el programa pretende enseñar a identificar señales de alarma previas a la reproducción de conductas violentas por parte de los menores, a mejorar las relaciones entre madre e hijo y a orientar sobre las pautas educativas más adecuadas dada la edad evolutiva de los menores.
Según ha recordado el IAM, los niños que, desde edades muy tempranas, se encuentran expuestos a la violencia de género en sus hogares corren el riesgo de reproducir esos patrones o sufrir secuelas que lastren el resto de su vida. En este sentido, el informe 'Menores expuestos a violencia de género: víctimas con identidad propia', elaborado por el Defensor del Menor de Andalucía en colaboración con la Junta, el 65 por ciento de las mujeres víctimas tenían menores a su cargo cuando fueron maltratadas por sus parejas. Menores que, incide el informe, han cargado diversas consecuencias psicológicas, emocionales, sociales, cognitivas y físicas, en función del tipo de exposición a dicha violencia.
A esto se le han unido los problemas derivados del derecho del maltratador a los regímenes de visita o la forzada mediación familiar, que puede dar lugar a que el menor se convierta en víctima directa como instrumento de daño del agresor hacia la madre.
CRECIENTE MALTRATO EN PAREJAS JÓVENES
Asimismo, los riesgos se suman al fenómeno creciente de los casos de maltrato en parejas jóvenes, según ha alertado el IAM, que ha puesto en marcha un servicio de atención psicológica gratuita a mujeres menores de edad que ya han sufrido violencia de género en sus primeras relaciones afectivo-sexuales.
Junto a ello, el IAM ha contado con una red de centros de atención integral y acogida a víctimas de violencia de género de Andalucía (centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados), así como con otros programas como el de Atención Psicológica Grupal, los diferentes programas de Atención Jurídica (para víctimas de violencia sexual o económica), las subvenciones a mujeres víctimas, el programa de inserción sociolaboral Cualifica, la red de atención directa (centros provinciales, municipales y Teléfono 900) o la red de atención ciudadana.
De esta forma, el Instituto ha desarrollado también otras actuaciones en materia de prevención de la violencia de género, como las campañas informativas, el asesoramiento jurídico on line, la formación a Ampas y personal docente, la campaña anual con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género o los trabajos de coeducación, entre otros.
Asimismo, el IAM ha logrado que el recién renovado Procedimiento de Coordinación Institucional para la Actuación ante la Violencia de Género en Andalucía, firmado por agentes sociales y Gobierno central, incluya a los menores como víctimas directas, lo que ha supuesto un importante paso, al hacer visibles a estos menores, y por tanto sus necesidades.
Esta iniciativa se ha incluido en el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género, elaborado de forma conjunta por el Gobierno andaluz y el tejido asociativo, y en el que la Junta se ha comprometido a favorecer que los Juzgados de Violencia suspendan cautelarmente el régimen de visitas en los casos en que las víctimas se encuentren en centros de acogida por motivos de seguridad.
