SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería para la Igualdad de la Junta de Andalucía aclaró hoy que "ya no representa" legalmente a Iván, hijo de Carmen Fernández, por haber cumplido éste la mayoría de edad, por lo que será él mismo quién debe de decidir "si desea seguir adelante con la reclamación" al Ministerio de Justicia del abono de tres millones de euros por "daños y dilación excesiva" en el procedimiento judicial.
Según indicaron a Europa Press fuentes de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, la Junta de Andalucía "no se constituye como un parte interesada" en esta reclamación, pues al haber cumplido Iván la mayoría de edad, ya no ejerce como tutora legal del adolescente.
De este modo, explicaron que mientras el hijo de la ya fallecida Carmen Fernández fue menor de edad, la Junta de Andalucía era la encargada de desempeñar su representación legal en las acciones que lo pudieran afectar, entre ellas, las procesales.
Es en este contexto en el que se inserta la reclamación llevada a cabo por el abogado de Carmen Fernández y su hija Sara, Gabriel Velamazán, a la que la Junta de Andalucía se adhirió porque al ser tu tutora legal "no lo podía dejar indefenso".
Sin embargo, tal y como recordaron, Iván ya es mayor de edad, por lo que "será él quién decida lo que quiere hacer respecto al proceso", insistiendo en que la Junta de Andalucía "no tiene nada que decir al respecto".
Además, incidieron en que la Administración autonómica pidió en su día que la tutela de Iván pasara a su familia de acogida, pero, finalmente, fueron los tribunales los que decidieron que la Junta siguiera siendo su responsable legal.
El abogado de Carmen Fernández, Gabriel Velamazán, recordó hoy que, a instancias de Carmen Fernández, decidió iniciar un procedimiento ante la Audiencia Nacional, pero tras su fallecimiento los herederos fueron llamados para ver si querían continuar con el mismo, decidiendo Sara continuar, mientras que Iván, al estar tutelado por la Junta, debía pronunciarse a través de la Administración.
De este modo, el 28 de mayo de 2009 el letrado Gabriel Velamazán planteó una demanda ante la Audiencia Nacional en la que reclamaba al Ministerio de Justicia el abono de tres millones de euros "por su parte de culpa" en este asunto concreto, "tanto por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como por las dilaciones" producidas en un procedimiento iniciado en septiembre de 1996
Hay que recordar en este sentido que el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso de amparo que la Junta de Andalucía interpuso en su día contra el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que le condenaba al pago de una indemnización de 1,7 millones de euros a la madre biológica de los Iván y Sara, menores de edad en el momento de los hechos.
