MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Convención de Acción contra el Tráfico de Personas del Consejo de Europa, firmada por 14 países entre los que por el momento no se encuentra España, entrará en vigor mañana con la intención de acabar con los escándalos que se producen en Europa, donde cada año se venden más de 600.000 personas, de las cuales 4 de cada 5 son mujeres, según informó el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis.
Los países que han ratificado la Convención son Albania, Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Francia, Georgia, Malta, Moldavia, Noruega, Rumanía y Eslovaquia. Su objetivo es acabar con este tipo de tráfico, que es el tercero más extendido en el mundo, tras el de armas y drogas. Aunque la razón más habitual para este intercambio ilegal de personas es forzarles a ser esclavos sexuales, algunas víctimas son utilizadas para realizar trabajos forzados, adopciones ilegales e incluso transplantes de órganos.
A pesar de la crudeza de los datos, Davis se mostró optimista y aseguró que "al menos ahora hay un arma efectiva para luchar contra la esclavitud moderna". Aclaró que la Convención está abierta a la participación de países no europeos y de la propia UE, por lo que animó a todos a "unirse" al proyecto para "erradicar los atroces crímenes y las violaciones de los derechos y la dignidad humana".
Por su parte, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Lluis María de Puig, consideró que "cuantos más países se unan a la Convención, mejor será la protección que se proporcionará a las víctimas". También tildó al mercado de personas, "que junto con el de armas y drogas son los únicos que no sufren crisis económicas", de "trato inhumano y degradante y violación descarada de los Derechos Humanos".
Halvdan Skard, el presidente del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa también quiso mandar un mensaje de bienvenida a la Convención. En él declaró que la Convención "es un hito" que luchará contra un fenómeno que "está deteriorando la sociedad de hoy en día". Por último, afirmó que "las autoridades locales y regionales tienen un papel fundamental en implementar la Convención en sus respectivas comunidades".
La Convención tendrá como principio proporcionar a las víctimas medidas de asistencia y protección básicas como el tratamiento médico, traducción en los juicios y representación legal. También introducirá un periodo mínimo de 30 días para que las personas con las que se haya traficado reflexionen y se recuperen, con la posibilidad de que adquieran un permiso de residencia temporal en el país en el que sea juzgado.
Además se crearácreará un mecanismo de control llamado GRETA que irá destinado a que los países miembros de la convención trabajen conjuntamente e intercambien información sobre la materia. Además, la Convención prohibirá que se castigue a las víctimas y solicitará que se juzgue a aquellos que sean conscientes de que están pagando por sexo con una persona que ha sido ilegalmente tratada.
